Por qué no hablan de Suecia
The Objective, 30 de agosto de 2026
Durante décadas, el bienestar más extenso del planeta parecía convivir en Suecia con una sociedad próspera, confiada y honrada. Esa convivencia absolvía al Leviatán benevolente, con su gasto desorbitado para proveer todo tipo de servicios públicos. Para mucho socialdemócrata español, la culpa de nuestros males recaía en nuestra incapacidad para aplicarlo.
Todo era falso. El modelo sueco quebró ya a finales de los ochenta y entró en la siguiente década con el gasto público rozando el 60 por ciento del PIB, un seguro de enfermedad que pagaba el 90 por ciento del salario desde el primer día y uno de los mayores absentismos del mundo. Con la crisis de 1991 a 1993, el déficit público superó el 10 por ciento del PIB y el paro alcanzó el 8 por ciento. El Estado hubo de devaluar la moneda y rescatar a la banca, empezando por la pública. Y quebraba el original, aplicado durante medio siglo por sus propios autores: la coartada de la mala aplicación solo quedaba disponible para la exportación.
Por eso, la lección de Suecia no reside en haberse equivocado sino en su capacidad para aprender del error, virar y asegurar que el nuevo rumbo sobreviva a los cambios de gobierno.
Lo primero fue el diagnóstico: un Gobierno de centroderecha creó una comisión técnica presidida por un antiguo socialdemócrata que en tres meses separó los errores de coyuntura de los fallos del sistema y propuso más de un centenar de reformas. Buena parte de ellas sobrevivió al regreso del partido socialdemócrata al poder en 1994. El cambio fue radical y consistió en introducir precios de mercado, incentivos potentes y competencia en cada una de sus piezas.
Desde 1992, cada familia elige colegio con un cheque que sigue al alumno, y lo puede gastar en escuelas privadas que reparten dividendos pero se financian con fondos públicos. Desde 1993, quien enferma pierde el primer día de sueldo, y la prestación bajó del 90 por ciento del salario al 80 que rige hoy.
Desde la reforma pactada en 1994, la pensión de cada cual depende de lo que haya cotizado y se ajusta de forma automática a la esperanza de vida de su generación, sin que los políticos hayan de votar subidas anuales ni recortes periódicos. Y desde 2010, cada paciente elige centro de salud, público o privado, y la región lo paga; el copago por consulta, unos 25 euros en primaria con un tope anual de unos 130, ya regía antes de la crisis.
El resultado se ve en las cuentas públicas: en 2025, el Estado sueco gastó el 50 por ciento del PIB, pero recaudó 49 y hoy debe un 35 por ciento; el nuestro gasta 45, recauda 43 y,en consecuencia, arrastra una deuda superior al PIB anual. Suecia no desmontó su bienestar estatal; desmontó la ficción de mantenerlo de prestado, sin precios ni competencia.
La generación siguiente ha dado un viraje igual de radical en materia de inmigración. Hace aún pocos años, Suecia practicaba la política de asilo más generosa de Europa, con 163.000 solicitantes solo en 2015, el 1,6 por ciento de su población. Partiendo de una sociedad homogénea y segura, en diez años se segregaron los barrios de inmigrantes, se hicieron habituales los tiroteos y bombas entre bandas, y se estancó la integración laboral: entre los refugiados con menos de diez años en el país trabajaba poco más de la mitad de los hombres y menos de un tercio de las mujeres. Como sucede, por cierto, en España: según los microdatos de la EPA, entre los nacidos en África con menos de diez años de residencia, marroquíes en su mayor parte, solo trabaja el 39 por ciento de los que están en edad laboral, frente al 68 de los nacidos aquí.
La corrección de la política inmigratoria la inició en 2016 un Gobierno socialdemócrata, con permisos temporales y reagrupación restringida, y la completó desde 2022 un Gobierno de centroderecha sostenido por los Demócratas de Suecia, partido nacionalista que cuenta con la quinta parte del voto y un tercio de los obreros sindicados varones. Los tiroteos empezaron a bajar en 2024.
En los dos virajes, Suecia reaccionó cuando aún tenía con qué: en los noventa, con una sociedad que confiaba en el vecino y estigmatizaba al gorrón; hace diez años, con un consenso entre bloques. Esa capacidad de virar antes de encallar procede del capital cívico que sostuvo el bienestar estatal desde sus orígenes, y de una práctica que lo convierte en regla: la comisión que usa la cabeza para identificar el interés común y, sobre todo, el pacto que se respeta una vez firmado y que protege a las decisiones sociales del cortoplacismo electoral.
Lo ilustra bien la campaña electoral en curso hasta el 13 de septiembre. La socialdemócrata Magdalena Andersson, favorita en los sondeos, promete suprimir el día de carencia de 1993 y añadir dos pagas extra anuales por hijo, y los democristianos en el Gobierno han respondido con una propuesta que elevaría esa paga mensual de 1.250 a 2.000 coronas (de 113 a 180 euros). La puja llega cuando parece claro que treinta años de pagas crecientes no han sido eficaces: 2025 fue el año con menos nacimientos en más de dos décadas. Los dos bloques la elevan, pero ninguno toca las políticas que forman parte del consenso, como las pensiones o la migratoria: el electorado les castigaría si lo hicieran.
Suecia rectificó por sí misma dos veces sus grandes errores y las dos veces convirtió la rectificación en pactos que el adversario político respeta al volver al poder. La subasta de votos reaparece en los márgenes, pero se detiene ante lo ya pactado.
De ese mismo capital dependerá que nosotros sepamos virar cuando llegue nuestra próxima crisis. Y llevamos cuatro décadas derrochándolo.