Nuestra industria paga la rendición del Gobierno en la reforma de la electricidad
El Economista, 28 de noviembre de 2023
Todos los países desarrollados ansían reindustrializarse, y la producción de energías renovables, una actividad en la que España, por su clima, cuenta con notable ventaja comparativa, ofrece una oportunidad histórica para conseguirlo. No solo reduce emisiones y residuos, sino que también supone precios más bajos. Cuanto mayor es la cuota de energía eólica, solar e hidroeléctrica, menor es el precio de la electricidad.
Sin embargo, esta ventaja comparativa se ha ido diluyendo con los planes de salvamento de Alemania y Francia, con los que subvencionan la electricidad que consume su industria. Y lo hará aún más con la política fiscal que introdujo el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado año y que ahora pretende mantener.
El impuesto extraordinario a las energéticas —presentado como temporal pero que cuya permanencia acaban de pactar— ha convertido a España en el único de la UE que grava los ingresos (que no los beneficios) de las grandes empresas eléctricas, en lugar de los beneficios extraordinarios de que obtienen quienes generan electricidad con combustibles fósiles.
Tiene por ello carácter regresivo, porque grava la facturación de aquella parte del sector que lidera el cambio de modelo energético. Contradice así las directrices de la propia UE, que sugirió gravar al 33 % las ganancias extraordinarias, pero solo de las empresas que emplean combustibles fósiles: petroleras, gasistas y refinadoras.
En paralelo, el Gobierno, desde la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, se ha limitado a arbitrar la disputa que enfrentaba a Alemania y Francia en la reforma del mercado mayorista de la electricidad, perdiendo la oportunidad de usar su posición para potenciar la competitividad de la industria española. De hecho, la presidencia española ha favorecido que las dos mayores economías europeas continúen subvencionando su electricidad. Como consecuencia, sus industrias seguirán siendo artificialmente competitivas, en detrimento de la industria española.
El gran despliegue español de energías limpias —generamos ya cerca del 50 % de nuestra electricidad con renovables— podría haber revertido una situación histórica por la que nuestra industria paga la energía a precios superiores a sus competidores europeos, lo que reduce su competitividad. La pasividad culpable del Gobierno deja, en cambio, el camino expedito para que nuestros competidores sigan disfrutando una energía subvencionada y elimina de raíz la ventaja que debería proporcionarnos el bajo coste de nuestra energía renovable.
Alemania y Francia materializan la subvención a la electricidad de manera diferente. El Gobierno alemán presentó este mes de noviembre un plan de ayudas durante cinco años por valor de 28.000 millones de euros con el que reducirá el coste de la electricidad para su industria mediante recortes de impuestos y subvenciones que beneficiarán particularmente a las empresas que consumen más electricidad. Si intención es frenar que sus empresas deslocalicen su producción hacia países con energía más barata, como debería ofrecer España.
Por su parte, Francia ha logrado dar continuidad al régimen privilegiado de su empresa pública Electricité de France (EDF), propietaria de 59 centrales nucleares. En el marco de la reforma eléctrica hecha posible por Pedro Sánchez, ha logrado que se le permita subvencionar a través de los “contratos por diferencia” o CfD no sólo la construcción de nuevas nucleares sino incluso las inversiones para ampliar la vida útil de las antiguas. Hay que destacar que la energía nuclear, que representa el 70% del mix energético francés, es un competidor directo de nuestras renovables porque no sufre interrupciones derivadas de la climatología.
Este éxito del Gobierno francés en su defensa a ultranza de su producción atómica ha sido inesperado, ya que inicialmente la Unión Europea ni siquiera la consideraba una energía limpia. Su éxito perjudica notablemente a la generación hidráulica, eólica y solar y, como consecuencia, a España, que ya no podrá hacer valer el atractivo que debería proporcionar a nuestra industria el bajo coste de sus renovables.
Esta pasividad del Gobierno español ante la política de subvenciones de Francia y Alemania se suma a su inacción respecto a los bloqueos que padece el desarrollo del sector. Es el caso de la parálisis en cuanto a la electrificación de la industria, que hasta ahora depende mucho de los combustibles fósiles; a la falta de ambición para reforzar y extender la red eléctrica, de modo que pueda llegar a las industrias; a la imprevisión en cuanto al almacenamiento de energía mediante bombeo hidráulico, que es esencial para dar continuidad efectiva a la generación renovable; y al mantenimiento de embudos burocráticos que, además de generar una corrupción endémica, frenan el despliegue de nueva generación limpia.
Llama también la atención también la contradictoria postura del Gobierno respecto a la energía nuclear. Por un lado, el acuerdo de Gobierno del PSOE y Sumar mantiene sus planes de cerrar las centrales españolas. Pero, desde su presidencia rotatoria del Consejo Europeo, el Gobierno en funciones ha propuesto incluir dicha energía nuclear como un puntal estratégico de la descarbonización. Como consecuencia, acabaremos pagando los costes y sufriendo los riesgos de la energía atómica, pero sin disfrutar ninguno de sus beneficios.