Los incentivos del Protectorado Ibérico

Hace ya varias semanas que a España sólo le dan crédito, y cada vez más caro, con el aval de sus vecinos europeos. Muchos se alegran de este protectorado económico, al creer que por fin tendremos una política económica sensata. Olvidan que Europa es un modelo defectuoso, que sus principales líderes apenas si entienden el mercado, y, sobre todo, que nuestros protectores tienen sus propios intereses. Obviamente, los avalistas mandan, y sus prioridades son contener el daño a sus bancos, que son nuestros principales acreedores, y salvaguardar el euro, con o sin nosotros. Quieren, además, asegurarse una quiebra ordenada en caso de que no logremos equilibrar nuestras finanzas. Su interés por reformar la economía española está condicionado por esas prioridades ¿Competitividad? Sí, pero sólo en la medida necesaria para cobrar, pues son acreedores y no propietarios. No les molesta que adoptemos medidas ineficientes si aseguran nuestra solvencia. Tampoco les preocupa si medidas populistas como las que ha ido adoptando Alemania al prohibir las ventas al descubierto espantan a los inversores, aunque ello encarezca nuestro endeudamiento. En suma, sus intereses no coinciden del todo con los nuestros. Quizá defiendan un paquete completo de reformas; pero, al exigir su cumplimiento, sólo insistirán en las que protejan sus intereses como acreedores. Por ejemplo, hay dos maneras de frenar el gasto público: reduciendo salarios o reestructurando organismos. Acreedores y avalistas prefieren reducir salarios porque es más rápido, menos conflictivo y, por tanto, más seguro. Pero como deudores y “dueños” deberíamos buscar medidas eficientes. El sector público español necesita cerrar departamentos y reducir empleo; sobre todo, eliminar multitud de puestos inútiles, en vez de comprimir aún más el estrecho abanico salarial de los funcionarios de carrera. Hay que cerrar Ministerios, televisiones y más de una universidad; pero, sobre todo, miles de “chiringuitos” creados al margen del Derecho Administrativo sólo para aprovecharse de una mayor discrecionalidad. El que estos chiringuitos descontrolados estén quedando fuera del recorte salarial decidido por el Gobierno demuestra ya la importancia de este sesgo hacia el recorte ineficiente. Igual sucede con las cajas de ahorros. A los avalistas les preocupan, con razón, sus agujeros negros, y quieren aclararlos cuanto antes. Para ello, lo fácil es rescatar o fusionar todas las insolventes. Sin embargo, lo razonable sería privatizarlas o cerrarlas. Pero Europa no va a guiarnos por el buen camino. Le importa poco que distorsionemos aún más la competencia salvando cajas quebradas e ineficientes o que, en un alarde de injusticia, premiemos con retiros dorados a sus directivos y empleados. De modo similar, nuestros avalistas impondrán una reducción radical del gasto en pensiones. Será una mera redistribución, cuando lo único que evitaría futuras recaídas sería un replanteamiento fundacional del sistema de reparto, que lo llevase hacia un sistema regulado con capitalización individual. Por desgracia, como las anteriores, no es ésta una batalla en la que vaya a ayudarnos Europa. En suma, se nos impondrán medidas que reducirán el gasto pero que sólo repartirán la escasez. Por imprescindibles que ahora sean, lejos de mejorar, pueden incluso empeorar los incentivos de los españoles. Con suerte, son un parche para salir del atolladero; pero no garantizan el crecimiento ni la convergencia. Es más, puede que los comprometan, sobre todo si los políticos insisten en potenciar la retórica de la envidia. En el fondo, el problema de España y de los demás estados europeos sin crédito (excepto Italia, por el carácter nacional de sus endeudamiento) es que, a diferencia de los leveraged buyouts empresariales, los que mandan son meros avalistas y tienen pocas “acciones” en nuestro bienestar futuro. Siguiendo el símil del LBO, deberíamos regalarles un paquete de opciones ligadas a nuestro crecimiento. Aquellos con el poder de decidir deben tener incentivos para que los países más endeudados adopten políticas ambiciosas de reforma. Para ello, no basta con redistribuir el poder de decisión dentro de la Unión Europea o del Eurogrupo en proporción inversa a la solvencia de los Estados miembros. No basta con reformar el “gobierno corporativo”; habría que reformar también la “estructura de capital”. Una opción recuperable es emitir deuda pública indexada al crecimiento del PIB, aprovechando la estandarización y creciente supervisión europea de la contabilidad nacional. Otra, más simple, venderles activos. Algunos han empezado a bromear con las islas, pero no es la solución: su valor no está muy ligado al del conjunto del país. Sería mejor venderles cajas de ahorros, en vez de mantener su control político mediante fusiones-parche. No sólo mataríamos dos pájaros de un tiro, sino que evitaríamos que, como es de esperar, vuelvan a ser insolventes en unos pocos años.