La ley de morosidad comercial

La ley que incorpora al derecho español la Directiva 2000/35/CE pretende luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para ello, establece un plazo de exigibilidad de intereses de demora, determina su devengo automático, señala el tipo de interés de demora y otorga al acreedor el derecho a reclamar al deudor una indemnización “razonable” por los costes de cobro. La norma se basa en una deficiente comprensión de la realidad económica. Su voluntarismo, de larga tradición en el derecho canónico, es bienintencionado pero insensato: lejos de ser un mal, el aplazamiento de los pagos, voluntariamente decidido por las partes, reduce los costes de las relaciones financieras y comerciales. Ambas reducciones de costes justifican la eficiencia del aplazamiento. Por el contrario, los argumentos que pretenden explicar el aplazamiento como consecuencia del poder monopolista de ciertas empresas no concuerdan con la teoría ni con la evidencia empírica.