La Directiva sobre morosidad: Una mala solución para un falso problema

Desde siempre ha constituido una preocupación central en la empresa la eventual insolvencia de algún cliente y, como señal de alarma, el retraso en los pagos de los créditos comerciales. En los últimos años, se han promulgado en muchos países europeos leyes que pretenden aliviar el problema de la morosidad introduciendo restricciones a la contratación privada. Incluso la Comisión Europea ha propuesto últimamente una Directiva en esta línea, con la que persigue reducir y homogeneizar los plazos de pago y penalizar las demoras. Pese a sus buenas intenciones, estas normas se fundamentan en un diagnóstico erróneo de la situación. El análisis teórico lleva a pensar y la evidencia empírica indica que el aplazamiento se decide libremente entre las partes para aprovechar ventajas comparativas de índole financiera y que sirve a menudo como salvaguardia de las obligaciones contractuales, cuyo incumplimiento se puede entonces exigir y sancionar sin más que posponer el pago. Las diferentes situaciones y entornos institucionales de las empresas conducen a que en cada sector y en cada país sean óptimas y tiendan a elegirse pautas diferentes, de las que resulta la diversidad existente entre los distintos Estados miembros de la Unión Europea. Como consecuencia, las normas que restringen la contratación privada con la pretensión de proteger a los acreedores y homogeneizar las prácticas dentro del mercado interior son inapropiadas, pues, de conseguir sus fines, alejarían a las empresas de las pautas que son óptimas de acuerdo con sus características y su entorno.