Jubilarnos antes de trabajar

Los españoles hemos recibido recientemente dos noticias de distinto signo: viviremos más años, pero nos jubilaremos más tarde. Las dos noticias están conectadas, pues necesitamos trabajar más para financiar, entre otros, el gasto sanitario que permita alargar nuestra esperanza de vida. Dada esta conexión, convendría percibir que las decisiones sobre ambas también están relacionadas. Pero solemos separarlas. Aspiramos a jubilarnos pronto y vivir muchos años, una doble demanda que es imposible satisfacer para todos. Sin embargo, muchos ciudadanos y no pocos políticos aún no se habían enterado. Aunque no sea una posibilidad real en nuestro país, podemos aprender mucho de cómo se tomarían ambas decisiones en el mercado. Cada ciudadano habría de elegir cuándo jubilarse y cuánto gastar en su seguro sanitario. Lo haría de forma similar a quien ahorra en su plan de pensiones y, para lograrlo, ha de destinar menos recursos a otros gastos, incluido el seguro de asistencia sanitaria. Por ejemplo, opta por un seguro de salud más económico, pero que no incluya tecnologías costosas con escasa probabilidad de éxito, y que sí incluya franquicias y copagos que desaniman su propio abuso en el futuro. Ciertamente, los hipotéticos compradores de pensiones y seguros sufrirían dificultades para decidir y contratar, pudiendo surgir además daños colaterales de difícil arreglo. No obstante, podemos aprender de esas soluciones de mercado para adaptarlas y mejorar nuestra situación. La clave reside en que liguemos las decisiones de coste y beneficio, y en que logremos así repartir ambos de forma más equitativa. Un estado del bienestar viable y menos injusto requiere que el ciudadano contemple costes y beneficios. Que sea consciente de la elección entre calidad de vida y consumos actuales y futuros, y que lo haga teniendo en cuenta que es él mismo, y no los demás, quien ha de pagar por todos ellos. Por el contrario, hoy votamos y tomamos buena parte de las decisiones sobre beneficios como si no pagásemos por ellos. Cuando vamos al médico, le pedimos las medicinas más caras, aun cuando nos serviría igual un genérico mucho más barato; del hospital esperamos el mejor servicio y la última tecnología; y nos encanta saber que somos líderes mundiales en trasplantes. Sin embargo, odiamos pagar impuestos, y cuando llega la hora de jubilarnos pretendemos hacerlo mientras seamos jóvenes y estemos en plenas facultades. Esta miopía acerca de los costes no es sostenible. Convendría aprender del mercado al menos en los siguientes aspectos: 1\. Con independencia de la cuantía total que decidamos gastar en pensiones, debemos ligar mejor la cuantía de cada pensión a la contribución realizada durante la vida laboral. Es injusto y acabará por volverse contra el sistema el que los últimos años laborales determinen la cuantía de las pensiones individuales, lo que perjudica a los individuos con retribuciones menos crecientes en el tiempo, los menos cualificados. 2\. También debemos compatibilizar el cobro de la pensión con la continuidad de la vida laboral. Se piensa que ello destruiría empleo, pero nada hay más lejos de la realidad: todo trabajo, lejos de eliminar otros empleos, genera demanda y, por tanto, nuevos empleos. 3\. Más en profundidad, para clarificar al ciudadano que es él quien paga los impuestos convendría que los precios se anunciasen sin IVA y que las retenciones por IRPF fuesen tales que la mayoría de las cuotas diferenciales resultasen positivas, como sucedía hace años. 4\. Del mismo modo, debemos suprimir la engañosa distinción, puramente contable y ficticia, entre seguridad social “a cargo de” la empresa y del trabajador, distinción que alimenta en éste la ingenua ilusión de que los servicios sociales le cuestan mucho menos de lo que realmente paga por ellos. 5\. Por último, urge que empecemos a desanimar los gastos y consumos superfluos. Es sabido que nuestros botiquines están llenos de medicinas caras y no consumidas. Pero el problema no es privativo de la sanidad: muchas de nuestras aulas están medio vacías porque los estudiantes universitarios tienen “derecho” a no asistir a clase. Si el estado de bienestar tiene algún futuro, debe evitar estas asimetrías e ignorancias. De lo contrario, si seguimos disociando costes y beneficios, corremos el riesgo de acabar jubilándonos tarde y muriendo jóvenes.