La protección administrativa de las relaciones financieras

En diciembre de 2022, el Gobierno remitió a las Cortes un proyecto de ley, para crear una “Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero” o ADCF. Tras introducir diversos cambios, dicho Proyecto fue aprobado por el Pleno del Congreso el 18 de mayo de 2023 . No se esperaba que se introdujeran nuevas modificaciones sustantivas en el Senado; pero, como consecuencia de la convocatoria de Elecciones Generales, ha de reiniciarse su tramitación en la nueva legislatura, lo que inaugura nuevas posibilidades de reforma y permite plantearse un nuevo objetivo, más ambicioso y acorde con el interés general, de salvaguardar institucionalmente las relaciones financieras, en lugar de defender de forma unilateral tan sólo al cliente financiero.

En efecto, el objetivo declarado de este nuevo órgano administrativo era el de proteger a los clientes financieros, garantizando la transparencia y la calidad de los servicios financieros, y dando una respuesta rápida a sus reclamaciones. Para ello, esta Autoridad contaría con autonomía e independencia funcional y se financiaría a través de tasas recabadas de las entidades financieras por las reclamaciones admitidas.

Cuando el importe reclamado fuese inferior a 20.000 euros o de cuantía indeterminada, sus decisiones serían vinculantes para las entidades, aunque recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La nueva Autoridad centralizaría en un único organismo los tres servicios de reclamaciones especializados actualmente a cargo de los tres supervisores : Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP).

La iniciativa recibió en su día numerosas críticas no sólo por parte de los representantes de los sectores regulados, sino también de los actuales supervisores, así como de varios organismos independientes.

Este trabajo analiza sucesivamente la necesidad genérica de este tipo de órgano administrativo, encargado de proporcionar una vía alternativa para la resolución de conflictos, antes de señalar algunos aspectos mejorables del diseño organizativo y económico que se plasmaba en el citado Proyecto de ley y en la ponencia de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, cambios estos últimos que subsanaron algunos defectos del Proyecto pero que retuvieron sus fallos principales.

Dado que, pese a lo avanzado de su elaboración, será preciso reiniciar su tramitación parlamentaria, se esbozará una reconsideración más profunda de la filosofía de este tipo de órgano administrativo-judicial, para, tras considerar la evidencia de otros órganos cuasi judiciales de carácter administrativo, definir qué pautas organizativas pudieran ser más prometedoras para los entes de esta índole . Una característica central en cuanto a su misión consiste en trascender la mera defensa del cliente financiero para enfatizar, en línea con el interés general, la salvaguardia institucional de las relaciones financieras.