Un Gobierno por la desigualdad

Versión publicada en El Mundo, 13 de febrero de 2020, p. 17.

A muchos nos ha sorprendido el pacto de la izquierda con los nacionalistas, que en Cataluña sólo viene a rescatarles de su profunda depresión. Además, una izquierda progresista nunca se uniría a reaccionarios. Sin embargo, no es casualidad que los mismos partidos y sus herederos reiteren ese mismo pacto en momentos históricos tan diversos como el presente, la Transición o la Segunda República.

Hoy como ayer, el aglutinante de estos matrimonios es que los contrayentes desprecian la igualdad entre ciudadanos. Mientras que el nacionalismo es supremacista en lo étnico y cultural, mucha izquierda peca de superioridad moral. Cierto que sus diferencias son también notables, pero no les arredran. Siempre pueden salvarlas convirtiendo a sus rivales en un enemigo uniforme y diabólico, lo que les permite tratarlos peor.

En cuanto al nacionalismo, éste tiende a lo estamental y dice respetar la ley antigua (“Dios y Ley Vieja” reza el lema del PNV); pero, como bien sabe el contribuyente, su auténtica Grundgesetz es la ley del embudo. Como mucho, respeta la ley dentro de su tribu, tanto regional como estamental, pero con la condición de que la tribu disfrute de privilegios. Sólo así se entiende el que exija a los demás cumplir escrupulosamente la Constitución mientras que, sin ruborizarse, rechaza establecer límite alguno a la expansión de sus propios derechos.

En cuanto a la nueva izquierda, ésta tampoco ve la ley como protección del individuo contra el abuso de poder. Si acaso, mantiene con ella una relación instrumental, incluso a veces selectiva. Le satisface respetarla para propagar su fe y reprimir herejías. Sin embargo, cuando sus líderes creen tener razón, dan muestras de sentirse por encima de la ley.

En realidad, desconfían del individuo. Sólo le conceden libertad para infringir las normas ajenas, aquellas que pretenden erradicar. Viéndose a sí mismos en el lado correcto de la historia, se creen con derecho a ahormar al individuo a su gusto. Además, en su reencarnación postmoderna, han multiplicado las antiguas desigualdades binarias entre líderes y súbditos, así como entre fieles y herejes. La nueva izquierda se ha vuelto identitaria, de modo que ahora postula derechos desiguales para cada estamento.

Tanto los hechos como la reciente evolución de nuestro debate nacional confirman esta interpretación.

Los propios pactos de gobierno prefiguran la regresión hacia una sociedad más estamental. No sólo refuerzan unas autonomías que, en la práctica, han tenido efectos feudalizantes. También pretenden ampliar los derechos de toda suerte de grupos, definidos con base en el origen, la edad, la ocupación, etc. de los individuos, cuando no en estereotipos raciales y sexuales.

Pero no se trata de derechos individuales, sino estamentales, lo que genera una doble desigualdad: entre estamentos y respecto a quienes los dirigen. Si ya en el XIX, el socialismo era, para Thomas Huxley, “catolicismo, menos Dios”, sus sucesores se han vuelto incluso más “católicos”, pues siguen creando múltiples “iglesias” para pastorear esos nuevos rebaños. No sólo generan así desigualdad entre grupos, sino también entre los nuevos “clérigos” y sus creyentes.

Asimismo, hemos presenciado en las últimas semanas con qué facilidad acomodan sus argumentos y creencias para satisfacer apetitos políticos un tanto primarios. En su precipitación, este acomodo desvela cuán lejos de la igualdad se ha mudado esta nueva izquierda intelectual y política.

Por ejemplo, exigen cambiar la Constitución porque ésta “no puede imponerse a quienes no la reconocen como suya”. Lejos de apoyar a las víctimas del nacionalismo separatista, reservan su empatía para quienes la desprecian a la menor oportunidad, e incluso les prometen reinterpretarla a su gusto. Es cosa notable, porque, además, todos ellos detestan que sus rivales propongan cambiarla legalmente, pero en sentido opuesto. Estos dobles raseros no sólo casan mal con cualquier atisbo de igualdad sino que vienen a reforzar las desigualdades existentes.

Pese a que la política sólo se judicializa cuando un político se salta la ley, estos nuevos vendedores de indulgencias culpan ahora a quienes pedimos que se aplique la ley. Atribuyen la crispación, no a quienes pactan con el separatismo más recalcitrante, sino a quienes tememos que ese pacto rompa el consenso constitucional.

Imitan así al cínico criminal a quien, tras pedirle Gila que no le diera más puñaladas, respondía “que deje de llamarme asesino”.

Se repite la historia. Nuestra izquierda ya se ha resistido otras veces a admitir “la supremacía de la norma constitucional”. Como reconocía una referencia tan socialista como Rubio Llorente, en la Segunda República “la idea de democracia dominante [era]… la democracia rousseauniana… que no entiende la posibilidad de establecer límite a la acción del legislador y que puede llevar, en último término, a [una]… democracia totalitaria”.

La Constitución de 1978 logró superar ese extremismo, tanto en lo social como en lo territorial. Su mayor apoyo en Cataluña confirma que es muy “catalana”. Sin embargo, ese espíritu consensual se diluyó pronto. Ya en 1981 Tarradellas acusaba a Pujol de crear una “dictadura blanca” y poco más tarde el primer gobierno de Felipe González promulgaba las leyes que politizaron tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo General del Poder Judicial. No mataron a Montesquieu, pero sí le dejaron malherido.

Dados estos antecedentes, los cambios de opinión de Pedro Sánchez no sólo deben atribuirse a la ductilidad de sus principios. Son consustanciales a la mayor parte de su tradición y de su herencia política.

También es de temer que el nuevo Gobierno intente imitar al de 1931. Cierto que estas Cortes no son Constituyentes; al menos, no lo son formalmente. Pero forzar la Constitución con encajes discrecionales y hechos consumados también sería muy dañino. Recuerde a este respecto el infame, por antidemocrático, Pacte del Tinell. Además, en caso de seguir polarizándonos, quienes pierdan las próximas elecciones pudieran estar tentados a imitar el rumbo que siguió cada uno de ambos bandos en 1934 y 1936.

Sirvan estas reflexiones historicistas para sopesar, con Jorge de Santayana, que, si “quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo”, quizá sea aún peor el destino de aquellos que, en vez de recordar, se forjan un pasado a la medida de sus deseos.