Los socialistas estadounidenses querrían ser españoles
The Objective, 9 de agosto de 2026
La extrema izquierda estadounidense, agrupada en la organización Democratic Socialists of America (DSA), aprobó el mes pasado un programa cuyo preámbulo no disimula el objetivo: «ganar la batalla de la democracia, redactar una constitución nueva y crear una república socialista democrática». Sus capítulos principales proponen para Estados Unidos tres tipos de soluciones que en gran medida rigen en España desde 1978. Todas sobrevaloran lo que se consigue promulgando leyes que, en vez de facilitar la convivencia en libertad, prescriben de forma directa y coactiva cómo han de relacionarse los ciudadanos.
La DSA, nacida en 1982, pasó sus tres primeras décadas sin superar los seis mil miembros iniciales. En 2018, tras la campaña de Bernie Sanders y las primarias de Alexandria Ocasio-Cortez y Rashida Tlaib, ya rondaba los cincuenta y cinco mil. Hoy declara ciento veinte mil, gobierna Nueva York y Seattle y acaba de lograr la candidatura demócrata en Washington. No son casos aislados: sus candidatos han vencido en treinta y cinco primarias demócratas en los últimos meses. El programa ha dejado de leerse como una excentricidad. Algunos, como Garry Kasparov, empiezan a temer que el futuro de Estados Unidos sea pronto socialista, y diez congresistas demócratas se han sentido obligados a firmar un compromiso que declara «somos capitalistas, no socialistas».
El primer bloque del programa, y su pieza clave, es eliminar la separación de poderes, piedra angular de la república estadounidense desde su fundación: «sustituir al presidente y al Tribunal Supremo por un ejecutivo y una judicatura elegidos por el Congreso y subordinados a él» y «ampliar la Cámara de Representantes, implantar la representación proporcional y abolir el Senado». Ambas medidas se refuerzan, pues ejecutivo y judicatura quedarían sometidos al Congreso justo cuando ese Congreso perdería su cámara alta: todo el poder culminaría en una única asamblea. Imitan así a España, donde el Congreso de los Diputados ya inviste al presidente del Gobierno; donde las Cortes eligen desde 1985 a los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial, que decide los ascensos y por tanto los sueldos de los jueces, y nombran además, directa o indirectamente, a los magistrados del Tribunal Constitucional; y donde el Senado es casi decorativo, porque el Congreso levanta sus vetos por mayoría absoluta. La representación proporcional y las listas de partido nos acompañan desde 1978.
Ser «elegidos por el Congreso» significa de hecho serlo por quien controla su mayoría, que con listas cerradas y disciplina de voto son unas pocas personas. Y la regla de la mayoría solo se sostiene mientras perder cueste poco: subordinar la judicatura al legislativo deja los derechos que permiten volver a competir a disposición de quien acaba de ganar. En el curso 2025-26 nuestro Congreso aprobó diez leyes y convalidó veintiún decretos-leyes. El CGPJ pasó cinco años y medio bloqueado y solo se desbloqueó en junio de 2024, con aplauso casi general, cuando los dos partidos pactantes se repartieron los puestos. El Tribunal Constitucional avaló la amnistía en 2025, dividido en los mismos bloques que la habían votado. Y el Gobierno lleva tres años gastando con los presupuestos prorrogados sin que nadie pueda obligarle a presentar otros.
El segundo bloque también españolizaría Estados Unidos, pues amplía el estado de bienestar garantizando «sanidad universal sin coste alguno para el individuo», «educación pública gratuita y de calidad desde infantil hasta la universidad», «control universal de los alquileres» y una «semana de treinta y dos horas con salario y prestaciones íntegros». Aquí la sanidad universal y la enseñanza pública gratuita llevan décadas en vigor, el control de alquileres rige ya en las zonas declaradas tensionadas y solo la jornada reducida sigue pendiente tras dos años de debate. La factura está a la vista: al cerrar 2025 esperaban una cirugía 853.509 personas, con una demora media de 121 días, y otros 4,06 millones aguardaban la primera consulta con el especialista. Y el contribuyente cubre la mayor parte del coste de una universidad masificada, de pobre calidad media: España lidera la sobretitulación europea, con un 34,6 % de graduados en empleos que no requieren su título, frente al 20,9 % de la UE. El derecho está muy reconocido; falta el servicio. Quizá por eso, según el programa PIAAC de la OCDE, las competencias medias del graduado español no llegan a las del bachiller neerlandés.
El tercer bloque reordena la política exterior: recorta el Departamento de Guerra, cierra las bases militares en el extranjero, pone fin a la ayuda militar y económica a Israel, reconoce «una Palestina libre con Jerusalén como capital» y levanta el bloqueo «contra países cuyos gobiernos actúan con independencia de Estados Unidos, como Cuba, Venezuela e Irán». España reconoció al Estado palestino en mayo de 2024, sostiene el gasto militar más bajo de la Alianza y acudió a su última cumbre con un 2,1 % del PIB mientras sus aliados firmaban el 5 %.
Dada nuestra dilatada experiencia con el socialismo de todos los partidos, los españoles deberíamos saber que estas recetas nacen de concebir las leyes, y la «voluntad política» en general, como instrumentos no para organizar la convivencia, sino para hacer realidad los deseos de los ciudadanos. Quien así las concibe solo puede ver en los contrapesos institucionales un estorbo camino del paraíso: el tribunal que anula, el senado que bloquea, el juez que interpreta. Solo los valora quien admite que una norma puede fallar, ser capturada o volverse contra quienes prometía servir.
Queda por saber qué posibilidades tiene este socialismo reciclado. La demanda de ruptura existe allí, aunque no coincida con esa oferta: casi ocho de cada diez estadounidenses quieren reformar a fondo su sistema político, pero solo el 27 % atribuye buenas ideas al «socialismo democrático». El programa habrá de ganar en votación expresa, con enmienda constitucional y mayorías reforzadas, y es improbable que a corto o medio plazo lo consiga. Aquí no hizo falta convencer a nadie: aquel bloqueo del Consejo, único episodio en que los dos grandes partidos no lograron repartírselo, nuestra intelligentsia lo condenó como anomalía intolerable en vez de apreciarlo como el contrapeso que era.
Dinamarca o el Reino Unido también eligen su ejecutivo en el parlamento sin haber acabado como España. Pero ninguno entrega al parlamento el nombramiento de sus jueces ni consiente que una mayoría simple reescriba de hecho la constitución: la danesa exige dos parlamentos sucesivos, con elecciones de por medio, y un referéndum que reúna el cuarenta por ciento del censo. Ninguno tolera tampoco gobernar sin presupuesto: en Westminster, perder esa votación obliga a dimitir o a convocar elecciones.
Aquí nadie tuvo que ganar esa votación. Lo que allí exigiría una reforma constitucional se instaló entre nosotros con una mera ley orgánica en 1985, y desde entonces se mantiene solo, a golpe de repartos de vocalías. Y nadie engañó a los votantes: todo se publicó y ningún gobierno posterior revirtió el rumbo. El votante español ama la colusión y recela de la separación de poderes: entre siete países europeos, somos quienes menos democrático consideramos que el tribunal constitucional anule al Gobierno. El candidato que adopta conductas antidemocráticas pierde aquí un 5,9 % del voto, pero gana un 21 % si es del partido del encuestado.
Las instituciones descansan en marcos mentales, y el nuestro es endeble tanto en los votantes como en quienes les administran las ideas. Por eso el programa estadounidense es, además, un síntoma de fortaleza institucional: sus autores necesitan una revolución para lograr lo que aquí nunca hizo falta escribir. Ellos discuten un programa que probablemente no ganará nunca; nosotros no discutimos ninguno, porque aquí ya ganó sin necesidad de escribirse.