Lecciones del apagón

The Objective, 25 de mayo de 2025

Transcurridas casi cuatro semanas del apagón eléctrico, ha habido tiempo de sobra para conocer sus causas, extraer conclusiones y ponerle remedio. Por desgracia, las causas se disimulan y las conclusiones se distorsionan, de modo que los remedios son solo parches a corto plazo y a cuenta del consumidor.

Cada vez parece más claro que Red Eléctrica se comportó de forma imprudente como último responsable que es del mix eléctrico, con un mandato explícito de asegurar el suministro. Da buena cuenta de sus prioridades el que una semana antes del apagón presumiera en sus redes sociales de haber alcanzado un récord de generación fotovoltaica, aunque la marca era de hecho algo inferior a la alcanzada el 12 de julio de 2024.

El apagón vino a demostrar que el único récord real que batía era el de temeridad: la generación del 12 de julio de 2024 la había logrado con un 50,5 % de fotovoltaica y la del 21 de abril de 2025 con un 61,5 %; pero el 28 de abril, el día del apagón, Red Eléctrica permitió que ese porcentaje alcanzase al menos el 75 % (en realidad, la cifra real habrá sido superior, porque Red Eléctrica no informa sobre la energía fotovoltaica que aportan a la red los autoproductores). Para lograr esas cifras, había autorizado que parasen dos nucleares y mantenía en espera tan solo siete centrales de gas.

Por supuesto que son solo indicios, pues se divulga información de forma estratégica y estamos a la espera de informes fiables. Estamos y estaremos: pese a la incidencia extraordinaria que tuvo entre nosotros la pandemia del covid, somos de los pocos países que no se han molestado en analizar los errores cometidos. Si llega a haber un informe solvente sobre el apagón, será solo porque el asunto tiene implicaciones europeas; y en todo caso llegará cuando a nadie le importe.

Para hacernos una idea de cuáles fueron las causas del apagón, solo nos queda fijarnos en las medidas tomadas para evitar que se repita. Lo obvio es que Red Eléctrica se ha vuelto prudente y ahora mantiene en espera más del doble de las centrales de gas que mantenía el 28 de abril, lo que eleva el coste del recibo en unos cuatro euros mensuales, sobrecoste que la prensa afín ya intenta atribuir a esas centrales, olvidando que sin ellas volveríamos a quedarnos a oscuras.

Pero la oscuridad no es solo física. A raíz del apagón, algunos propugnaban nacionalizar Red Eléctrica, para hacerla aún más dependiente del Gobierno. La lección del caso es más bien la opuesta: como pone de relieve la prensa internacional, el fallo obedeció a su dependencia del Gobierno. (“El hedor del encubrimiento se cierne sobre el gigantesco apagón de España”). Por ese motivo, y a la vista de la experiencia, lo que conviene es privatizarla o, al menos, separar sus funciones de transporte y gestión técnica del sistema, como proponía la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Igual que las empresas, los gobiernos responden a sus propios intereses privados. Solo cuando les dotamos de buenos incentivos logramos que esos intereses coincidan con el bien público. Aquí y ahora, es más fácil alinear con el bien público los de las empresas privadas que los de nuestros 18 gobiernos y los miles de empresas que controlan. ¿De quién se fía usted más, de Zara o de Correos? ¿De Mercadona o de RENFE? Sin salir del sector: ¿acaso una Red Eléctrica bajo control privado podría seguir escamoteando datos y maquillando causas? La separación de poderes también funciona en la economía.

Aparece un dilema similar en otra lección del apagón, que es más indirecta y menos conocida, pero no menos importante: el déficit crónico de nuestra inversión en redes eléctricas.

En un país como España, donde nos sobran el sol y el viento pero nos falla la red eléctrica, el problema no reside en la naturaleza, sino en las instituciones. Mientras el Gobierno predica su ambición energética y promete autonomía industrial, con sus acciones impide la llegada de las inversiones necesarias para conseguirla.

Pocos asuntos resumen mejor el sinsentido de esta política energética que la “tasa de retribución financiera” (TRF) de las redes eléctricas. Esta cifra no es otra cosa que la señal que el Estado envía a los inversores para que apuesten por nuestra infraestructura energética. Actualmente, les dice: “Gracias, pero no necesitamos su dinero”.

Según Kepler Cheuvreux, la CNMC estaría valorando fijar la TRF entre 2026 y 2031 en torno al 6,5%, en vez del 5,58 actual. A efectos prácticos, esa cifra supondría que no invirtiesen en España. Por ejemplo, Alemania prevé pagar a sus redes un 7,1%. Para competir por esas inversiones, España tendría que retribuirlas por encima del 7,75%, el resultado de añadir a ese 7,1% nuestra prima de riesgo, hoy situada en el 0,64%.

Además de proponer una retribución que ni siquiera cubre el coste del capital ajustado al riesgo país, el sistema reconoce los activos con años de retraso y no remunera adecuadamente las obras en curso. El resultado es previsible: el inversor se aleja. España, que hasta hace poco presumía de liderazgo renovable, condena así a muchas empresas a una espera interminable para poder conectarse a la red.

Poco a poco, estamos perdiendo una oportunidad única: un contexto geopolítico que castiga a los países dependientes del gas, un marco climático que prioriza las renovables, y una economía que podría ganar autonomía y empleo si electrificase su industria. Pero esa oportunidad se está esfumando porque, en lugar de crear un marco estable, el regulador actúa como un árbitro caprichoso que ni entiende el juego ni aplica reglas estables durante el partido.

Desde el Gobierno se insiste en la importancia de la transición energética. Se celebra la caída del déficit tarifario, se alude a los miles de millones liberados a partir de 2027, y se proclama la voluntad de liderar una economía verde. Pero cuando ha de permitir que el mercado opere y canalice capital hacia las redes, aparecen las reticencias: regula por miedo, no por diseño. Se piensa en contener la rentabilidad, en lugar de en facilitar la inversión.

Esta ceguera tiene consecuencias reales. Cientos de proyectos empresariales están esperando para conectarse a la red. No falta energía, pero sí falta red porque nadie está dispuesto a construirla bajo las reglas vigentes. Somos el país que instala más renovables y, paradójicamente, el que menos las aprovecha.

No le pidamos al Estado que invierta. Solo que no estorbe. Que diseñe reglas claras, transparentes, competitivas. Que haga su trabajo institucional y deje que el capital privado haga el resto. España necesita una red eléctrica robusta, no para cumplir con Bruselas, sino para tener una industria competitiva, que genere empleo e innovación.

Una TRF del 6,5% es una renuncia. Es decirle al mercado que “antes de que inviertas en nuestra red preferimos seguir importando y quemando gas”. Es desistir de una autonomía energética real por temor a que alguien pueda ganar dinero.

Si España no compite por atraer capital, este se va a otros países; y no solo en el sector eléctrico. La inversión extranjera real cayó un 30 % en 2024. El déficit de inversiones ya se hace notar en muchas otras infraestructuras críticas, desde las carreteras hasta el ferrocarril o la telefonía.

Sería triste que viniera otra desgracia a alertarnos de nuestra desidia. O, más bien, a intentarlo, porque la riada de Valencia mató a cientos de personas y hubiera sido evitable con unas inversiones modestas. Pero casi han pasado siete meses, y seguimos sin querer enterarnos.