"La excesiva regulación laboral sólo consigue que el empresario opte por no contratar"

Entrevista publicada en «Qué aprendemos hoy»,  8 de abril de 2015.

1. ¿Cuáles cree que son los motivos que explican la pobre clasificación de las universidades españolas en los rankings internacionales?

Dedicamos pocos recursos a la universidad y dentro de ésta a la investigación. Pero el principal problema es que los escasos recursos con que contamos se asignan mal. La universidad no es distinta de otros sectores productivos: profesores y alumnos tienen interés en presentar los beneficios privados como beneficios sociales. Pero, a diferencia de la educación primaria, que genera muchas externalidades, la mayor parte del valor de la educación universitaria es apropiado por profesores y estudiantes, por lo que hay menos motivos para subvencionarla. Y en cuanto a la investigación, sus externalidades son también dudosas, incluso su signo, según de qué investigación se trate, y dónde y cuándo se produzca. Algunos de nuestros mejores centros de investigación parecen producir mucha ciencia cuando se mide su producción en número de “papers”, pero muy poca cuando se mide su impacto en las patentes que genera y aun menos cuando se consideran los escasos derechos que se obtienen de sus licencias**.**

2. Recientemente, se ha conocido que el gobierno español va a dar la oportunidad a las universidades españolas de acogerse a la estructura de estudios universitarios imperante en muchos países de la UE (3 años de grado + 1 / 2 años de máster). ¿Cree que es positiva la homologación? ¿Incrementará la especialización y preparación general de los graduados universitarios?

Sería positivo ir hacia un sistema en el que cada universidad pudiera experimentar y ofrecer titulaciones organizadas de forma diferente, no sólo en cuanto a la duración sino a todo tipo de atributos, como contenidos y métodos docentes. Debemos experimentar fórmulas diferentes puesto que nadie sabe cuál es la más idónea y además es probable que lo óptimo sea disponer de titulados con carreras diferenciadas, adaptadas a necesidades diferentes.

Lógicamente, esa mayor libertad debe ir acompañada de mecanismos de responsabilización, de modo que aquellas universidades y centros que lo hagan peor reciban menos recursos; y, viceversa, que las que lo hagan mejor reciban más. Por eso, mucha de la oposición a una mayor libertad organizativa obedece a que pondría de relieve las diferencias entre universidades. Se busca restringir la competencia.

Del mismo modo, los estudiantes deben tener mayor libertad para elegir qué estudian y dónde, y mejor información sobre el valor que obtienen las distintas titulaciones en el mercado de trabajo. Asimismo, deben saber cuál es el coste real de esos estudios, elevando de forma simultánea y sustancial tanto las tasas como las becas, y condicionando las becas a un rendimiento académico más exigente que los mínimos actuales, que son, de hecho y generalmente, muy bajos. Hoy en día, el “precio” principal que pagan muchos estudiantes es sólo un coste de oportunidad (su nota de selectividad, que les permitiría estudiar otra carrera), lo que genera efectos nocivos, como es el que muchos buenos estudiantes estudien carreras para las que no tienen vocación.

3. El desempleo sigue siendo la principal preocupación de los españoles, con especial atención al paro juvenil. ¿Cuál sería a su juicio la solución óptima al desempleo juvenil?

No parece que tengamos más desempleo juvenil del que cabe esperar dado el elevado desempleo general. Además, el desempleo de personas de mediana edad es socialmente más dañino. En todo caso, la solución pasa por permitir que el contrato de trabajo pueda ser decidido por las partes. Seguimos sin entender que dos no contratan si uno no quiere.

Mejor dicho, en el terreno laboral en España sólo entendemos la libertad contractual en el servicio doméstico, un ámbito en el que sí tenemos un mercado laboral relativamente libre. Da qué pensar. Quizá sea que en ese ámbito gran parte de los decisores sí actúan como empleadores. No sé qué les permite creer que son mejores patronos que los empresarios. Tampoco entiendo por qué se niegan a entender que sobrerregulando el contrato de trabajo lo único que consiguen es que el empresario opte por no invertir, o por comprar máquinas antes que contratar empleados. Debería hacernos reflexionar el que nuestro país tenga tanto desempleo, pero a la vez todo tipo de actividades estén más mecanizadas que en, digamos, los Estados Unidos. Así es que cada vez tenemos menos gasolineras o aparcamientos que no sean de autoservicio. Hasta las franquicias de comida rápida están instalando máquinas para sea el propio cliente quien cumplimente su pedido.

4. En España, hay muchos desempleados que antes trabajaban en la construcción con niveles de cualificación bajos.¿Debe el Gobierno pagar su reciclaje?

La formación no es tanto una cuestión de educación formal o académica como de aprender trabajando, y gobiernos de todos los colores han demostrado reiteradamente su incompetencia al respecto. Si, durante décadas, sus esfuerzos sólo han generado despilfarro y corrupción, es ingenuo suponer que otros gobernantes van a hacerlo mejor. Debemos preguntarnos qué impide a ese antiguo peón trabajar como cobrador en un aparcamiento o sirviendo gasolina, dos actividades que apenas requieren formación adicional. El problema es que en España emplean poca gente porque resulta más barato sustituirla por máquinas. Si el sector de la construcción generó en su día muchos puestos de trabajo no fue porque requiriera poca formación sino porque su régimen laboral era y es relativamente libre, al estar basado en contratos por obra y subcontratación.

5. ¿Cuáles cree que son las 5 grandes reformas económicas que debería emprender España en un plazo de 5-10 años?

No es una cuestión de recetas sino de voluntad ciudadana. Creo que entre economistas existe relativo consenso en que es necesario liberalizar el mercado de trabajo, reducir la progresividad fiscal (sobre todo, el que se intensifique tanto desde niveles medios de renta) y reducir el paternalismo del estado.

Existe menos consenso sobre si reducir el tamaño del sector público y cómo deberían introducirse inventivos más intensos para su gestión. Pero en todo caso, como le digo, no es cuestión de recetas sino de voluntad: la ciudadanía no quiere liberalizar el mercado de trabajo, hacer más responsable al individuo ni menos progresivos los impuestos. Y los políticos de todos los partidos obedecen, adoptando medidas torpes y contradictorias, exentas de cualquier pretensión de rigor lógico. Nos sirven política basura, pero ajustada a nuestra demanda. Es muy visible con la corrupción: decimos odiarla pero es mentira, pues ni siquiera nos lleva a cambiar nuestro voto.

La única manera de mejorar es o por imposición externa (como sucedió con las reformas impuestas por Bruselas) o haciendo que la ciudadanía sea más consciente de las contradicciones en que incurre. Por eso me parece que la reforma más necesaria es clarificar el coste de los impuestos y servicios públicos. Sin ciudadanos enterados seguiremos adoptando políticas dañinas: por ejemplo, de palabra defendemos un nuevo modelo productivo; pero somos quienes más gravamos, vía progresividad temprana del IRPF, la inversión en capital humano.  Y que no les engañen los docentes: el asunto no tiene nada que ver con la educación académica sino con la transparencia fiscal, sobre todo con la ocultación sistemática de los impuestos.

6. ¿Cuáles cree que son los motivos por los que en España la actividad emprendedora es muy inferior a otros países de nuestro entorno?¿Se debe a un factor cultural?

No sé bien cuánto influye lo cultural en ese terreno, pues hay factores más obvios: quizá no tanto las barreras a la creación de empresas como las restricciones a la contratación laboral, que impiden el desarrollo empresarial, y una fiscalidad muy gravosa. Además, creo que no importan tanto los costes como los beneficios: Ambos factores —una regulación laboral que imposibilita contratar eficientemente y una fiscalidad que llega  extremos casi confiscatorios— reducen de forma drástica el premio del empresario de éxito. Los incentivos para emprender son por ello muy escasos.

Ciertamente, la mala consideración social del empresario también influye. Pero incluso las apreciaciones culturales están reforzadas por la fiscalidad: piense que nuestros empresarios están obligados a actuar como recaudadores de impuestos, de modo que  la percepción es que cobran a sus clientes precios mucho más altos y pagan a sus empleados sueldos mucho más bajos de los que cobran y pagan realmente. Todo está montado para que el pago de impuestos sea invisible al ciudadano, de modo que Hacienda desvíe su ira hacia el empresario. Piense lo que ocurre con el disparate de la tarifa eléctrica: el efecto de una política demencial de energías renovables ha sido imputada, en términos de reputación, a las empresas eléctricas. Y ocurrió algo parecido con la crisis de las cajas, que fue transformada en una crisis de bancos.

7. ¿Cree, como Thomas Piketty, que el capitalismo actual lleva a la concentración de la riqueza?

Lo que debemos preguntarnos es, primero, si la concentración es el criterio adecuado para valorar sistemas económicos. Cabría pensar que, más bien, debe ser la eliminación de la pobreza, ámbito en el que el capitalismo está consiguiendo logros enormes. A veces, da la impresión de que la reciente preocupación por la desigualdad en los países ricos tiene algo de hipocresía de clase media, pues parece importarle un bledo la suerte de los más necesitados.

Por otro lado, es esencial definir claramente con que se compara la realidad que se critica. Me temo que la crítica al capitalismo real siempre adolece de compararlo con una solución ideal, ya sea de regulación o de socialismo, pero que nunca se hace explícita. Debemos comparar realidades, y la realidad alternativa al capitalismo son la antigua Unión Soviética, o la Cuba y Venezuela actuales.

Por último, es necesario distinguir qué elementos de nuestra situación actual son imputables al funcionamiento libre del capitalismo y cuáles a su intervención política. Muchos de los intentos previos por mejorar su funcionamiento en realidad la empeoran, como ilustran la regulación laboral y la fiscalidad que nos hemos dado en España, sumamente progresiva para niveles medios de renta.

8. Su investigación abarca el estudio de los sistemas morales, derechos de propiedad y los cumplimientos de contratos. ¿Cree usted que se deberían prohibir los desahucios de vivienda habitual?

Es un grave error aplicar recetas de derecho civil (negándose a ejecutar contratos o introduciendo reglas retroactivas) para resolver crisis de derecho público. Es doblemente injusto: para beneficiar a los inquilinos actuales, perjudica no sólo a los propietarios sino a inquilinos futuros. Por ejemplo, si impide los desahucios beneficia a los que ahora alquilan una vivienda pero encarece o imposibilita que en el futuro las personas de esas características puedan alquilarlas.

9. En línea con la pregunta anterior, ¿cómo se debe resolver un conflicto entre el derecho constitucional a la vivienda de un inquilino sin medios para pagar su alquiler y el derecho del arrendador a percibir una retribución por alquilar un inmueble de su propiedad?

Debemos aprender a separar las políticas asistenciales del funcionamiento de los contratos privados en el mercado. Protejamos a las personas en necesidad, pero desde el presupuesto público. De lo contrario, estamos perdidos porque al destruir el mercado, agravamos el problema asistencial hasta el punto de hacerlo insostenible.

10. ¿Existe un conflicto moral en el hecho de que un banco rescatado por los contribuyentes exija la expulsión de viviendas de su propiedad de personas insolventes que no pueden pagar un alquiler?

Lo primero que debemos entender es que no se han rescatado bancos sino cajas, unas entidades financieras que hicieron barbaridades de todo tipo pero que de hecho eran públicas, pues estaban controladas por nuestros representantes políticos. Llamar bancos a las cajas quebradas ha sido un ejercicio proverbial de demagogia política y periodística. Lo segundo es que a quien se ha rescatado es, sobre todo, a los acreedores y empleados de las cajas. Por último, quienes los hemos rescatado somos todos los ciudadanos, en la medida en que pagamos impuestos. En mi opinión, el rescate de ambos debió ser menos generoso, como demuestra el que muchos acreedores ya estaban percibiendo una elevada prima de riesgo en forma de extratipos. Y en cuanto a los empelados, sucedía algo similar con el cobro de retribuciones superiores a los promedios del sector.

El que rescatemos o no a los deudores de esas mismas cajas es un asunto independiente del rescate de sus acreedores. Si desea hacer un juicio moral, le sugiero que piense si es justo hacer pagar al contribuyente prudente, el que no se endeudó por encima de sus posibilidades, por los errores del deudor imprudente, que a menudo es su vecino de escalera y ha disfrutado una mejor situación económica.

Además, es aplicable lo que le decía antes: conviene separar las políticas asistenciales del cumplimiento de los contratos. De lo contrario, acabarán pagando las consecuencias quienes deseen endeudarse pero, al presentar un alto riesgo de impago, nadie les ofrecerá hipotecas.