Votar cuando ya no se decide

The Objective, 4 de enero de 2026

En teoría, votar debería decidir. En la práctica, a menudo solo ratifica. El truco no es nuevo. Las grandes decisiones fiscales se diseñan para que, cuando el Parlamento vote “sí” o “no”, la inercia institucional ya haya hecho su trabajo y la política parlamentaria solo pueda escenificar el desacuerdo. La votación llega tarde: con el beneficio repartido, el coste asumido y la reconsideración políticamente penalizada.

Lo ilustra bien la actualización de las pensiones con el IPC. Aprobada en 2021, con una mayoría parlamentaria ajustada, no nació como un consenso sólido ni transversal. Pero bastó para blindar el resultado. El blindaje no reside en la amplitud de la mayoría, sino en el diseño de la medida: una vez activado el automatismo, desactivarlo entraña un coste político muy superior al de mantenerlo, porque el beneficio es inmediato y visible, mientras que el coste queda difuso y diferido. Desde entonces, ningún partido con opciones de gobierno ha planteado desactivarlo. La votación dividió al Parlamento; en la práctica, consagró ese consenso mecánico.

Lo que nació como una opción política pasó a operar de forma automática y salió del terreno de la deliberación. El Parlamento perdió así capacidad real de decisión. Algo parecido ocurre con los sueldos públicos, que se aprueban tarde y con efectos retroactivos: cuando se votan, la decisión económica ya está tomada y el rechazo apenas cambia nada. Las decisiones políticas se convierten así en hechos consumados y la democracia se reduce a la gestión de inercias.

Este blindaje no es neutro. No solo limita la capacidad de corrección futura, sino que altera de forma sistemática los incentivos políticos presentes. Permite al Gobierno de turno capitalizar electoralmente determinadas medidas mientras desplaza su coste al futuro, a contribuyentes difusos o a generaciones que no votan hoy. El automatismo sustrae del debate político el coste de la decisión y concentra el beneficio, que deja de percibirse como opción discutible para convertirse en derecho adquirido. No es solo mala política fiscal: es una mala arquitectura institucional que acentúa los defectos habituales del funcionamiento democrático. El resultado es un clientelismo estable que no necesita defensa periódica: basta con dejar operar el automatismo.

Ese mismo marco explica el comportamiento de la oposición, pero no de todos por igual. El sistema no castiga simétricamente a quienes discrepan. Al contrario: distribuye de forma desigual los costes de oponerse, según la capacidad real del voto para alterar el resultado o para obtener contrapartidas. El Partido Popular critica las formas —decretos ómnibus, ausencia de Presupuestos— pero acaba aceptando el fondo. Sabe que votar en contra no alteraría el resultado material y, sin embargo, tendría un coste político inmediato. El castigo sería visible; el beneficio, inexistente. El sistema convierte así la expectativa de gobernar en una desventaja política.

Esa restricción no opera del mismo modo para otros partidos. Vox vota sistemáticamente en contra y denuncia el gasto “superfluo”, pero su posición es cómoda, tanto más cuanto más se aleja de la tarea de gobernar. El coste de oponerse es bajo cuando el voto no tiene efectos decisorios reales. Su “no” no está orientado a decidir. Ese rechazo retórico no amenaza el automatismo: lo refuerza y permite que el consenso aparezca como moderado y transversal.

Aunque por motivos distintos, los partidos separatistas disfrutan de incentivos equivalentes: pueden condicionar el resultado sin interiorizar plenamente su coste.

En el caso de los partidos catalanes, el voto tiende a desplazarse del contenido de la medida a su precio político. La decisión se convierte en una negociación de contrapartidas —explícitas o tácitas— y la sostenibilidad pasa a segundo plano. Al primar el intercambio procedimental, el coste social desaparece del cálculo y el automatismo queda intacto.

Los partidos vascos, por su parte, apoyan toda revalorización conscientes de que sus votantes perciben los aumentos y de que, gracias al régimen foral, sus contribuyentes solo asumen una parte mínima de su coste. La disociación entre representación y contribución convierte ese apoyo en una anomalía democrática estable, dándole la vuelta al clásico no taxation without representation.

Si el Partido Popular pretende salir de esta trampa, no puede limitarse a aceptar el fondo con objeciones formales, pero tampoco puede confiar en que un “no” aislado altere el resultado. La idea de que ese rechazo atraerá el apoyo de jóvenes y trabajadores del sector privado pasa por alto un hecho clave: esos grupos ya soportan costes relevantes —vía cotizaciones sociales y un IRPF no deflactado— y afrontarán otros mayores en el futuro, pero aún no perciben ni creen que el “no” mejore su situación neta. El problema no es la inexistencia de perdedores, sino la falta de una ganancia política creíble asociada al rechazo. El sistema está diseñado para movilizar a los beneficiarios visibles del gasto presente y, al mismo tiempo, para desactivar políticamente a quienes hoy asumen costes ocultos y mañana pagarán los derivados del endeudamiento y la inflación.

No votamos mal: votamos cuando ya no decidimos.