Quien cierra, que pague

Voz Populi, 28 de febrero de 2021

El presidente del Gobierno ha prometido 11.000 millones de euros de nuevas “actuaciones” para empresas, pymes y autónomos. Como les decía la semana pasada, mejor sería indemnizar los daños causados por los cierres de establecimientos que han sido decretados para contener los contagios. Al menos los causados por aquellos cierres que, al comparar la incidencia de la pandemia en distintas regiones, parecen más arbitrarios.

En los cierres generalizados, como fueron los de marzo y abril del pasado año, parece tener menos sentido indemnizar, pues equivaldría a que los mismos ciudadanos cobrásemos con una mano lo que estaríamos pagando con la otra. Pero, bien pensado, los cierres nunca son del todo generales. En realidad, suelen perjudicar más a los empresarios y a los autónomos que al resto de la ciudadanía, por no hablar de funcionarios y pensionistas. El reparto de costes es tan desigual que ese argumento de equivalencia se derrumba.

Ha de pagar quien mejor puede evitar los daños

Más aún si nos fijamos en los cierres específicos, como los del comercio o la hostelería, actividades a las que se atribuyen graves costes sociales por favorecer el contagio de terceros, generando así “externalidades” negativas, pues se supone que el daño excede la utilidad de empresas y clientes. El argumento es sencillo: si, cuando decide abrir o gestiona su aforo, cada establecimiento ignora el daño que puede causar en términos de contagios, y si tampoco es viable identificar al causante y hacerle pagar a posteriori, puede tener sentido restringir su actividad. De lo contrario, en ausencia de restricciones y responsabilidad, saldrían ganando los establecimientos menos precavidos, que incluso expulsarían del mercado a los prudentes. Estaríamos dando a todos ellos incentivos perversos.

Sin embargo, esos mecanismos de responsabilidad por negligencia dependen de la eficacia que muestre la policía, y, a su vez, ésta depende la voluntad del gobernante, lo mismo que el establecimiento y la vigilancia de las restricciones de apertura. Si lo que interesa a todos es que cargue con los costes quien esté en mejores condiciones para evitarlos, lo que debemos preguntarnos es si puede lograrlo el dueño de un bar, que ha de cumplir las restricciones, o, más bien, el gobernante, encargado tanto de fijarlas como de vigilar que se cumplan.

Los bares y en general las empresas en su conjunto estarían mejor si todos adoptaran las precauciones óptimas (permitiendo así relajar las restricciones). Sin embargo, individualmente cada uno de ellos estará aún mejor si no las adopta, pero sí lo hacen sus competidores. Confrontan así un grave problema de acción colectiva: sin vigilancia, ninguno tiene incentivos para cumplir.

Simplemente, las empresas son víctimas del cierre, pero no están bien situadas para evitar los daños, al contrario que el gobernante. Además, al ser el COVID un riesgo imprevisible, tampoco influye en las decisiones empresariales de inversión y entrada. Por ambos motivos y en aras del bien común, conviene imputar el coste de los cierres a las administraciones públicas, para así animar a sus gobernantes a establecer reglas óptimas, tales que minimicen los costes sociales, y a vigilar su cumplimiento, sancionando individuos y empresas, y cerrando establecimientos de forma selectiva. Si, por el contrario, el gobernante no ha de indemnizar, en vez de regular y vigilar las condiciones de apertura, que es una tarea penosa, tenderá a decretar cierres generales y excesivos, que son más fáciles de dictar y de hacer cumplir. Se abstendrá también de castigar los incumplimientos. Baste recordar a este respecto que el Ministerio del Interior sólo ha tramitado una de cada 154 sanciones impuestas. En general, excepto en lo relativo a imponer cierres, muchos de nuestros gobernantes sólo han exhibido su dejadez, empezando por el proverbial absentismo que practica el Gobierno, y siguiendo por el rigorismo —a menudo, sesgado y decorativo— que predomina a escala regional y local.

¿A qué responde la variedad de nuestros cierres?

El asunto entronca así con una vieja pauta cultural que he comentado aquí en otras ocasiones: nuestra afición a adoptar soluciones que sacrifican la libertad de todos en vez de castigar sólo a quienes abusan de ella. Si el gobernante sabe que ha de pagar, será más selectivo al fijar las reglas y más vigilante al aplicarlas. Si no paga, tenderá a decretar cierres excesivos y generalizados, que le resulte fácil controlar.

Este argumento basado en animar al gobernante a dictar normas equilibradas y hacerlas cumplir encuentra cierta confirmación empírica al observar que en Madrid, cuyos cierres son laxos, la Policía parece estar haciendo más controles a la hostelería que en otras regiones, como Cataluña, cuyos cierres son más estrictos pero donde escasean los controles.

Ciertamente, esta relación es sólo parte de las fuerzas en juego. En ambas decisiones (la de cuándo cerrar los bares y la de cuánto controlarlos) no sólo influyen los costes y beneficios sociales, sino la sintonía del decisor con la hostelería y, en general, con las empresas. La política de la Comunidad de Madrid respondería así a la fuerza de sus empresarios, autónomos y trabajadores, y a la supuesta simpatía que todos ellos despiertan en sus gobernantes.

En cambio, a la Generalidad de Cataluña quizá le importan menos esos conciudadanos, por tratarse de un sector en el que, por sus bajas barreras de entrada y su estructura competitiva, tienen mayor protagonismo los “otros catalanes”, esa mitad de la población apartada del poder político regional. Además, los representantes políticos regionales quizá sufran menos el cierre en cuanto consumidores. Apoya esta conjetura lo arbitrario de los cierres que nos han impuesto desde diciembre de 2020, al permitir que bares y restaurantes sirvan desayunos y almuerzos pero no cenas, pese a que es de suponer que ambos, almuerzos y cenas, contagien por igual. Observe que el común de los mortales, quizá a diferencia del gobernante catalán, valora y por eso está dispuesto a pagar más por las cenas que por los almuerzos. Todo ello aconsejaría que, en caso de darles un trato diferente, se prohibieran los almuerzos antes que las cenas, justo la solución opuesta a la que ha impuesto la Generalidad.

Si ha tenido la paciencia de seguirme hasta aquí, se merece Usted un encore. Observe que se trata de dos argumentos complementarios pero distintos. Por un lado, el equilibrio normativo de cuál sea la regla socialmente óptima. Por otro, la interrogante positiva de qué determina las decisiones. El problema social es qué instituciones debemos darnos (incluida qué regla de indemnización), dentro de nuestras restricciones culturales (a las que conviene suponer fijas a corto plazo), para acercarnos al óptimo normativo. En la realidad de sus efectos, ese será el verdadero problema que resolverán de hecho nuestros jueces cuando diriman las demandas en curso, por mucho que pretendan torturar excusas legales, doctrinales y jurisprudenciales.