Más impuestos a la nuclear para frenar la transición energética
El Economista, 24 de enero de 2024
Mientras casi toda Europa reafirma una rotunda apuesta por la energía nuclear, el Gobierno de España da muestras de que persigue erradicarla cuanto antes. De otro modo, no se entiende que se proponga aumentar el 40 por ciento en la tasa que ya pagan las centrales nucleares españolas para financiar el desmantelamiento y la gestión de sus propios residuos. De entrar en vigor, este gravamen adicional pondría en duda la propia supervivencia de las nucleares. Parece, por ello, pensado para acelerar su cierre, lo que comprometería gravemente la transición energética, ya que forzaría a suplir con combustibles fósiles —sobre todo, mediante el consumo de gas en los ciclos combinados— las inevitables caídas de generación que sufren las plantas de energías renovables.
En efecto, mientras que la séptima y hasta ahora última versión del Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) confirma el cierre escalonado de todas las centrales nucleares españolas desde 2027 hasta su apagón total en 2035, carga unos costes tan altos sobre la producción de electricidad en plantas nucleares que, con toda probabilidad, llevaría a que las empresas hayan de anticipar su cierre para así reducir las pérdidas.
Los costes estimados desde 2024 ascienden ahora a un total de 20.220 millones de euros, 3.000 millones más que en las anteriores versiones del programa. De ese total, 1.800 millones obedecen a la pérdida de economías de escala asociada a la decisión de abandonar la idea inicial de centralizar los residuos en un único cementerio nuclear situado en Villar de Cañas (Cuenca) para, en su lugar, almacenar los residuos en siete depósitos “temporales”, uno por cada reactor operativo a día de hoy. Estos costes, sufragados por un fondo gestionado por la estatal Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radiactivos), se financian con las aportaciones de los titulares de las centrales, que actualmente pagan 7,98 euros por cada megavatio/hora producido en concepto de tasa de gestión de residuos. La intención del gobierno es incrementar esta aportación en el mencionado 40 por ciento hasta los 11,14 euros por megavatio/hora, y ello a pesar de que en 2019 se firmó un protocolo en el que se limitaba el aumento de esta tasa a un máximo del 20 por ciento. Es reveladora la comparación con la fiscalidad de otros países, como Francia, donde las centrales pagan considerablemente menos impuestos.
Incluyendo todos los impuestos (nacionales, locales, autonómicos y esta tasa de Enresa), las eléctricas que son titulares de las nucleares sufren una carga fiscal muy considerable, pues, con independencia del precio de venta, las tasas alcanzan los 25 euros/MWh, unos 450 millones de euros que representan entre un 35 y un 40 por ciento de su facturación anual.
Con la nueva norma, la carga alcanzará los 28 euros/MWh, una cifra que pone en duda la posibilidad de rentabilizar esa tecnología. El conjunto del parque nuclear español soporta ya un coste de generación de entre 58 y 62 euros el MWh, mucho más elevado que el de otros países. Por ejemplo, supera en unos 16 euros al de las nucleares francesas, cerca de un 40 por ciento más. De hecho, desde 2013, las centrales nucleares españolas están en pérdidas, como consecuencia de la aplicación de tasas e impuestos, a los que han destinado más de 1.000 millones anuales. El Foro Nuclear calcula unos 1.300 millones de pérdidas en la última década.
Ante la cambiante y asfixiante presión financiera sobre las nucleares —que llevan décadas generando de manera continuada más del 20 por ciento de la electricidad consumida en el país y asegurando el suministro— es fundamental preguntarse si estas tasas son proporcionadas y si se alinean con la necesidad de garantizar la viabilidad económica del sector y su papel en una descarbonización que por ahora no puede cubrirse sólo con renovables.
Es esencial tener en cuenta que la energía nuclear es una fuente libre de emisiones de CO2 y que, hoy por hoy, sigue siendo fundamental en el proceso de transición energética. Sobre todo, porque garantiza el suministro por su producción ininterrumpida y no dependiente de las condiciones meteorológicas. “Las renovables no son capaces de absorber toda la demanda de electricidad que las centrales nucleares cubren actualmente. Esto se debe principalmente a que su capacidad no es flexible, y a que otras posibles tecnologías flexibles (baterías, almacenamiento, interconexión...) no se están desarrollando lo suficientemente rápido como para cubrir el calendario previsto de desmantelamiento de las centrales nucleares”, explica en un informe el think tank medioambiental Oikos. Los autores del informe destacan, además, que el cierre anticipado de las centrales nucleares tendrá un efecto notable en la factura de los consumidores: “el coste directo adicional proyectado total de no prorrogar las centrales nucleares ascendería a 22.600 millones de euros, que sería soportado por las empresas y consumidores españoles”.
Procede por ello tener en cuenta las contrapartidas propuestas por las compañías nucleares, como rebajar el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica (IVPEE) o la finalidad específica de los impuestos para financiar el PGRR. Estos ajustes podrían aliviar la carga financiera sobre las centrales nucleares y fomentar la inversión en tecnologías más limpias.
En definitiva, el aumento de impuestos a las nucleares y los riesgos asociados con el desmantelamiento deben abordarse con una visión más amplia y equilibrada. Es crucial buscar soluciones que fomenten la sostenibilidad financiera del sector, promuevan la transparencia en la toma de decisiones y aseguren que la energía nuclear siga desempeñando un papel importante en la transición hacia un sistema energético más limpio y sostenible.