La creciente sombra de un gobierno totalitario

The Objective, 5 de noviembre de 2023

Pedro Sánchez está a punto de consumar la derogación del orden constitucional y asumir todos los poderes del Estado. Lo advertí hace un año. En nuestra historia, hemos vivido varios procesos parecidos, el último en la Cataluña de 2017. Cuando comienzan, los falsos optimistas aconsejan cerrar los ojos, hasta que es demasiado tarde. Los optimistas insistimos, en cambio, en la necesidad de mantenerlos abiertos y no escatimar esfuerzos. Es imprescindible apurarse, porque esos golpes no se paran con respuestas inerciales, idóneas para situaciones estables pero inútiles ante semejantes desafíos.

No exagero. Nuestra Jefatura del Estado tiene, por diseño, un poder simbólico y protocolario, y hasta eso se le regatea con continuas faltas de cortesía. El poder legislativo ha cedido sus funciones deliberativas y legislativas, convirtiéndose en una canonjía donde los agraciados cobran generosas soldadas por ratificar contraleyes despóticas, pactadas en secreto por el Gobierno.

En cuanto al poder judicial, que había venido sufriendo estos últimos años una invasión continua de sus competencias, facilitada por la quinta columna de jueces activistas, se le degrada con la previsible creación de sistemas judiciales autonómicos, hechos a la medida de los caciques locales; y con la inminente promulgación de una ley de amnistía que ya por sí sola lo desautoriza. Completa todo ello la toma por un solo partido del Tribunal Constitucional, el más alto órgano con funciones jurisdiccionales.

Con contadas excepciones, los medios de comunicación dependen de los presupuestos públicos, mediante publicidad institucional, subvenciones y, para el grupo líder, la recapitalización recurrente con fondos de dudoso origen con los que sigue pagando sus infladas nóminas. La novedad es que el entramado ya funciona de forma tan centralizada que ha hecho fortuna la expresión “equipo de opinión sincronizada”.

Por último, la leal oposición sigue siendo leal a sus rutinas, lo cual en su caso quiere decir que o bien está desaparecida o sigue reunida “analizando la respuesta a las cesiones del PSOE”. Esto último es una clara muestra de que apenas tiene más que decir que el consabido “Sánchez es muy malo”. En los tres meses transcurridos desde el 23 de julio no les ha dado tiempo a afinar sus diagnósticos. Ojalá hubiera tenido ocasión de gobernar, pero cuesta creer que supiera qué hacer con el país, más allá de gestionar inercialmente sus miserias.

Lo único en verdad nuevo de esta semana es que, no contento con controlar el Estado, el Gobierno en funciones ha filtrado su intención de extender sus dominios a las grandes empresas. Para ello, la SEPI ha empezado a estudiar si debe o no entrar, y cómo, en el capital y en los consejos de los mayores grupos del IBEX. Prosigue el Gobierno así sus presiones para colocar comisarios políticos en sus consejos de administración. Tras fracasar en ese intento previo de influir gratis, amenaza ahora con ejercer de “tiburón” financiero para entrar en ellos pagando, aunque sea con el crédito que aún nos prestan nuestros socios europeos.

Su propósito declarado es evitar que estas empresas caigan en manos extranjeras. Se trata de un riesgo que ha puesto de relieve la no tan sorpresiva entrada de capital público saudí en Telefónica. No es fácil valorar si, para la nación, es mejor o peor que las empresas las controlen estos socialistas o grupos extranjeros. Imagino que mucho dependerá de quiénes sean esos extranjeros.

En todo caso, este riesgo sería improbable y mucho más asumible si nuestras empresas tuvieran un alto valor en bolsa. Por desgracia, la cotización de muchas de ellas está por los suelos, un hecho del cual recae mucha culpa en un Gobierno que es enemigo declarado del crecimiento, la propiedad privada y la libertad empresarial. Un Gobierno cuyas políticas han llevado a la economía española a perder posiciones de forma alarmante frente a sus vecinas europeas. Un Gobierno, en fin, que ya puede legislar a su antojo impuestos ad hominem, gracias a un Tribunal Constitucional que el propio Gobierno ha conformado a su medida.

Además, el objetivo real del Gobierno es sólo el extender su control a otro ámbito social, en una manifestación más de su vocación totalitaria. Si aumenta su control de las empresas, la rentabilidad de éstas sufrirá (recuerden cómo va Correos estos últimos años); pero el Gobierno intentará evitarse disgustos como la marcha de Ferrovial o la reciente decisión de Repsol de paralizar sus inversiones en España ante el deterioro de la situación que vive el país, una decisión a punto de ser imitada por otras muchas empresas.

El riesgo que en verdad pretende evitar el Gobierno es que muchas de estas empresas opten, como hacen ya muchos jóvenes con aspiraciones, por no invertir más aquí, e incluso por emigrar en busca de un entorno más seguro, competitivo y productivo. Mientras España sea parte de la Unión Europea, ¿por qué han de conformarse nuestras empresas y nuestros mejores profesionales con sufrir unas instituciones inferiores y crecientemente controladas por gobiernos que cada año se vuelven más populistas y arbitrarios? Mejor irse pronto que acabar atrapados en un peronismo mediterráneo.

Como avisó Juan Milián, los votantes del PSOE han logrado extender el procés catalán a toda España. Insisto en señalar la responsabilidad de esos votantes. Evitemos que el odio nos nuble la razón: no culpemos de lo que sucede a Pedro Sánchez, quien es sólo su pastor y representante. Centrarse en Sánchez es una excusa fácil para no pensar, cuando no para exculpar los propios errores y acabar repitiéndolos.

El procés expulsó desde 2017 a miles de empresas y personas desde Cataluña al resto de España. Tras consolidarse la amenaza que este cambio de régimen supone para las instituciones y la convivencia, estamos empezando a contemplar un proceso similar; pero ahora se emigra desde toda España hacia el resto de Europa.

Es el desenlace habitual cuando las infecciones se tratan con aspirinas y paños calientes.