La corrupción nos duele poco porque lo público no se percibe como propio

Aceprensa, entrevista por Álvaro Sánchez León, 9 de marzo, 2026

Llueve persistentemente en Madrid. Benito Arruñada (Vegadeo, Asturias, 1958) habla como escribe: sin adornos. Catedrático de Empresa en la Universidad Pompeu Fabra, economista institucional, lleva décadas estudiando cómo funcionan y cómo fallan los sistemas cuando dejamos de mirarlos con romanticismo.

Con porte de traumatólogo de la eficacia pública, acaba de ofrecer un análisis incómodo sobre el entumecimiento nacional al alcance del lector no académico en La culpa es nuestra. Es un libro que va a contracorriente de la conversación pública dominante, más por provocar una reacción que por provocar un titular. No busca culpables externos ni ofrece redenciones fáciles. Interpela al ciudadano con datos, experiencia, comparaciones y conclusiones que trascienden el cortoplacismo que riega el corazón del país.

No es un texto contra la política ni contra el estado del bienestar. Se dirige, más bien, contra una forma infantil de relacionarnos con ambos. No cae en la tentación de pensar que los problemas colectivos siempre son culpa del sistema, de los políticos, de las élites o de un “ellos” difuso que nunca nos incluye. Su tesis es más incómoda: en democracias representativas, los gobiernos no surgen del vacío. Obedecen a preferencias sociales, a incentivos compartidos, a una cultura cívica que rara vez quiere mirarse al espejo.

Nos vemos en el Hotel Suecia, un enclave con historia política, memoria de un socialismo anterior a esta tiranía del relato. Madrid está húmeda. En el aire flota algo más que vapor de lluvia. Todavía huele al hierro descarrilado de la negligencia acumulada. Supura el dolor de las familias rotas por los accidentes ferroviarios de Adamuz.

La culpa es nuestra nos coloca a todos en el epicentro de un momento en el que parecemos debatirnos entre la indignación permanente y la resignación cómoda. Entre exigirlo todo y no querer saber cuánto cuesta nada.

No hay paraguas que evite la pregunta más necesaria: ¿y si la solución estuviera en nuestras manos?

-Desde que ha salido el libro, después de presentaciones y entrevistas, ¿qué es lo que más le ronda ahora por la cabeza?

-El libro no es un punto final. Es más bien un punto de partida para ordenar argumentos que llevas muchos años trabajando desde la academia y ponerlos en relación con el caso español. España es solo un ejemplo, un caso concreto, pero permite visualizar muy bien problemas que son bastante generales.

-El título ha generado mucha reacción.

-El título abre un dilema muy potente. Y la reacción es, en sí misma, muy reveladora. Mucha gente responde al título exonerándose. Los de abajo lo leen como “la culpa es de los de arriba”. Los de arriba lo entienden como “la culpa es de los votantes”. Y ocurre algo parecido en sentido horizontal: la culpa es de los otros, de los de izquierdas o de derechas, de los hombres o de las mujeres, de los catalanes o de los madrileños. En todos los casos, el “nosotros” nunca nos incluye.

-¿Es una lectura errónea?

-Es una lectura comprensible, pero errónea respecto al contenido del libro, que no pretende señalar culpables únicos, sino que la situación de España es una responsabilidad compartida por todos. De hecho, ese habría sido un título más fiel, pero también mucho menos atractivo. El actual, con toda su simplificación, tiene una ventaja: revela que esa rutina de autoexculpación está muy extendida.

-En sus páginas insiste mucho en que tendemos a atribuir los problemas al sistema, a los políticos, a las élites. ¿Qué se pierde con esa forma de pensar?

-Se pierde la posibilidad de entender cómo se toman realmente las decisiones políticas. Vivimos en democracias donde los políticos, con todas sus limitaciones, responden en gran medida a los intereses y las preferencias de los votantes. Si esas preferencias están mal informadas o son inconsistentes, las políticas resultantes también lo serán. Culpar exclusivamente al sistema cuando ni sabemos lo que nos interesa es una coartada muy cómoda.

-Uno de los ejes del libro es el Estado del bienestar. ¿Cuál es el principal malentendido que tenemos al respecto?

-Que está diseñado y hemos aprendido a ver muy bien sus beneficios pero muy mal sus costes. Durante décadas se ha presentado el Estado del bienestar enfatizando lo que da y ocultando lo que cuesta. Cuando los costes no se perciben, se toman mal las decisiones. Esto se ve en muchos ámbitos, pero quizá de forma especialmente clara en las infraestructuras.

-¿Por ejemplo?

-Como usuario, el AVE es una experiencia magnífica: rápido, cómodo, moderno. El problema es que el usuario no paga ni de lejos lo que cuesta. Ni la inversión, ni a menudo el mantenimiento. El coste real está oculto. Así es muy fácil apoyar cualquier proyecto. El problema llega después.

-Después llegan los retrasos, los cabreos y los accidentes.

-El accidente ferroviario es una desgracia humana, pero también es el resultado de una cadena de decisiones colectivas muy malas. Hemos querido construir infraestructuras sobredimensionadas, sin pies ni cabeza, y luego no hemos querido pagar su mantenimiento. Y eso no es solo responsabilidad de quienes gestionan mal, que también. Es responsabilidad de todos los votantes que hemos apoyado esa lógica.

Es como quien se compra un coche de alta gama, presume del coche, pero luego no hace el mantenimiento: no cambia las ruedas, ni las pastillas de freno y lo lleva a cualquier taller barato… Al final, como mínimo se estropea el coche; como máximo, hay un accidente. Con las infraestructuras hacemos exactamente lo mismo.

-¿Esa lógica se repite en otros ámbitos del gasto público?

-Constantemente. Hay una tendencia general a exagerar los beneficios y a ocultar los costes. Eso genera una ilusión de gratuidad que lo distorsiona todo. Al final, alguien paga y a menudo nosotros mismos, pero como no sabemos quién ni cuánto, no ajustamos nuestras preferencias ni nuestros votos a la realidad.

-¿Hasta qué punto somos responsables como votantes?

-En una democracia, mucho más de lo que solemos admitir. Si los políticos obedecen a las preferencias de los ciudadanos, y esas preferencias están mal informadas, el problema no se soluciona cambiando de políticos. Cambiarán los nombres, pero no los resultados.

-Sostiene que los líderes políticos se parecen bastante a quienes los eligen.

-Eso es lo que sugieren los datos demoscópicos. Tendemos a elegir líderes que se nos parecen. No necesariamente a los más competentes, sino a los que reconocemos como “de los nuestros”. Cuando aparece alguien claramente más preparado, más exigente intelectualmente, suele generar desconfianza, incluso rechazo, e incluso dentro de sus propios partidos. La competencia intimida. Hay una sospecha muy extendida hacia quien sabe más. Se le acusa de soberbia, de desprecio, de no ser cercano. Pero esas críticas rara vez son sustantivas incluso en las actitud reales. Sospecho que son una excusa para no entrar a discutir las políticas que proponen, sino ataques ad hominem o con rasgos identitarios. En el fondo, lo que se está afirmando es: no le hagan caso que no es de los nuestros; pero el motivo es que no pueden entrar a razonar porque perderían.

-¿Eso explica también el fracaso de ciertos liderazgos nuevos?

-En buena medida, sí. Cuando los partidos intentan introducir perfiles distintos, más profesionales o más técnicos, sus aparatos reaccionan mal. Los propios partidos los neutralizan o los expulsan. Pero eso es solo un reflejo de que los votantes tampoco respaldan a ese tipo de político. El mensaje de algunas encuestas es muy claro: mucho más que los países vecinos, preferimos representantes que se nos parezcan, no queremos referentes exigentes.

-¿Qué consecuencias tiene eso para la calidad de la política?

-Si penalizamos sistemáticamente la competencia y premiamos la identidad, acabamos con una clase política mediocre, no porque falte talento en la sociedad, sino porque rechazamos activamente su presencia en política.

-¿Somos una sociedad especialmente tolerante con la corrupción política?

-Somos tolerantes de forma asimétrica. Somos muy duros con la corrupción de los otros y muy indulgentes con la de los nuestros. Hay estudios empíricos que lo muestran con bastante claridad, especialmente en el ámbito local, donde sobresalen casos de corrupción evidentes que no siempre se castigan electoralmente. Por un lado, es una consecuencia del tribalismo político. Por otro, de algo más profundo: la dificultad para percibir lo público como propio.

Cuando hay corrupción en una comunidad de vecinos, la reacción es inmediata. Entonces, nadie se pregunta de qué partido es el administrador. Con lo público no ocurre eso, porque los recursos públicos no se perciben como propios. Lo que no es propio no duele perderlo. Incluso se celebra que se lo apropie “uno de los nuestros”, sobre todo si comparte y no se lo queda todo.

-¿Por qué?

Una de las razones de lo que hablamos respecto a la corrupción es que los costes de lo público no duelen. Si los hacemos visibles, quizá duelan más, disciplinemos mejor y mejoremos en ese terreno. Por desgracia, sin embargo, la tendencia creciente es hacia la opacidad fiscal.

-El problema no es tanto cuánto se paga, sino cómo se paga.

• Sin duda. A mí no me preocupa especialmente si los impuestos son altos o bajos. Me preocupa mucho más que la gente no sepa cuántos impuestos paga ni cuánto cuestan los servicios que recibe. Esa desinformación lleva inevitablemente a decisiones políticas erróneas. Hoy tenemos un sistema diseñado para ocultar los costes mediante todo un aparato de retenciones, precios con el IVA incluido, e incluso cotizaciones sociales “a cargo del empleador”… Todo está pensado para que el ciudadano no vea lo que paga.

-¿Eso afecta directamente a la calidad de la democracia?

-De forma decisiva. Si no sabes lo que pagas, no puedes valorar bien lo que te prometen. La deliberación política se vuelve infantil. Se pide más de todo sin asumir ninguna contrapartida. Así es imposible tomar decisiones colectivas mínimamente racionales.

La mayoría de los votantes ignora cuántos impuestos paga realmente. Luego respondemos a encuestas diciendo que queremos más servicios públicos, más prestaciones, más de todo, pero cuando se pregunta si queremos pagar más impuestos, la respuesta es no. De hecho, parece que lo queramos todo gratis.

-¿Por qué la vivienda es un caso especialmente ilustrativo sobre que la culpa es nuestra?

-Porque es un ejemplo perfecto de cómo una mala estructura fiscal genera problemas enormes y persistentes. En España hemos decidido gravar muy poco la tenencia de la vivienda y muchísimo las transmisiones y la construcción. El IBI es un impuesto muy visible, y como duele, es relativamente bajo. En cambio, los impuestos sobre las transmisiones patrimoniales son altísimos. Con la nueva vivienda pasa parecido: aproximadamente entre un tercio y la mitad del coste son unos impuestos que operan en cadena, algunos de ellos cargas implícitas, como el coeficiente de suelo que ha de entregar el promotor.

Gravar tanto las transmisiones desincentiva la movilidad. Hace que la gente no venda, que mantenga viviendas infrautilizadas o vacías, que espere a transmitirlas por herencia. Esto ya genera una ineficiencia brutal y contribuye directamente al problema de acceso a la vivienda. Mientras no se modifique la estructura fiscal que grava las transmisiones de forma desproporcionada, el problema de la vivienda no se va a resolver. Pero esa reforma es políticamente costosa, porque los impuestos relativamente ocultos y ocasionales, como el ITP o los que gravan unas plusvalías en gran medida nominales, son más fáciles de sostener que los más visibles, como el IBI, que pagamos cada poco tiempo.

-¿Eso conecta con algunas preferencias culturales del votante español?

-Las encuestas muestran que en España hay una desconfianza notable hacia la competencia y hacia quienes destacan. La estructura fiscal refuerza esa preferencia cultural castigando al que se mueve, al que cambia, al que arriesga. Un sistema que desincentiva la producción y el esfuerzo acaba siendo injusto, aunque se presente como igualitario. Ha de verse en paralelo con la tolerancia a la corrupción: muchos españoles odian más al empresario de éxito que al político corrupto, de ahí que procuren desprestigiar su éxito. Pero sospecho que aún levanta más ampollas el que compite en igualdad de condiciones: el éxito que más nos molesta es de quienes han partido en igualdad de condiciones con nosotros.

-¿La educación puede cambiar el compromiso cívico de las futuras generaciones?

-Depende de qué entendamos por educación... La universidad española, tal como está organizada, tiene problemas estructurales muy serios. No hay competencia real, no hay incentivos adecuados, no hay rendición de cuentas. El presupuesto está garantizado y los gestores son elegidos por los propios insiders. Eso es una receta segura para la mediocridad y la extracción de rentas.

-Cada vez más familias optan por la universidad privada.

-Y eso es muy revelador. No porque la universidad privada sea necesariamente mejor en términos académicos, sino porque ofrece otras cosas: organización, exigencia, atención al alumno. Y algo tan elemental pero al parecer valioso como exigir que los alumnos asistan a clase. Por el contrario, en las públicas, los alumnos tienen derecho a no asistir. La gente está dispuesta a pagar matrículas diez o veinte veces superiores porque percibe que la pública no funciona como tal.

En un estudio que hice en 2022, si extrapolaba la evolución de las cuotas de mercado, las privadas superarían a las públicas en 2030. Esta tendencia, en un contexto agravado por el declive demográfico, es lo que explica que la selectividad de aprobados casi generales y que muchas facultades hagan lo imposible para aceptar todo tipo de estudiantes, desde suprimir las matrículas o, por supuesto, aprobarlos. Operan así en un doble: no solo los alumnos son peores sino que se les aprueba más. Ante esa realidad, la universidad pública, en lugar de reformarse, ha convencido al Gobierno para poner más barreras a la privada. Es un comportamiento oligopólico clásico. En vez de competir, se busca protección política. Eso dice mucho del estado del sistema.

Las soluciones técnicas para resucitar a la universidad pública se conocen desde hace tiempo: introducir competencia, hacer que el dinero siga al alumno, crear incentivos reales. Pero son reformas políticamente muy costosas, porque afectan a intereses muy consolidados. Por supuesto, requieren asumir que el problema no es en absoluto la escasez de recursos, sino una organización que sirve solo a los insiders a costa del contribuyente.

-¿La educación cívica debería ser el camino para el reset?

-La educación, como toda tecnología, sirve para lo bueno y para lo malo. La educación cívica fácilmente se convierte en adoctrinamiento. Prefiero un ciudadano con poca formación teórica, pero consciente de lo que paga y de lo que cuestan las cosas, que un ciudadano muy formado ideológicamente, pero completamente desinformado en lo esencial.

-Contrapesos- ¿Los medios de comunicación funcionan?

-Ese contrapeso está muy debilitado. Cuando los medios públicos hacen propaganda y los privados dependen en gran medida de la publicidad institucional, no hay separación de es “cuarto poder”, que se convierte en una aparato más de control en manos del Ejecutivo. Eso explica por qué los recientes escándalos de corrupción han tardado tanto en entrar en la agenda de la opinión pública, pese a que las primeras informaciones ya empezaron a sacarlas medios entonces emergentes, como The Objective. La información existía, pero no circulaba. Y los medios establecidos no se hacían eco.

-¿Hemos perdido sensibilidad social ante ciertos abusos?

-Es difícil imaginar que algunos escándalos actuales no hubieran tenido consecuencias mucho más graves hace veinte o treinta años. Pero también es verdad que ya entonces hubo casos muy serios que no impidieron la continuidad de los mismos gobernantes tras las elecciones. No es fácil establecer comparaciones.

Creo que ha habido una deriva clara de debilitamiento institucional, de desmantelamiento de los mecanismos de control y de rendición de cuentas, que viene de lejos, desde mitad de los años 80 y que los gobiernos posteriores no han corregido, quizá porque en el fondo la demanda popular para corregirla era muy escasa.

Estoy convencido de que no valoramos la separación de poderes. Predomina un idealismo ingenuo, que se hace muy visible cuando el conflicto entre organismos es percibido como algo negativo cuando ese conflicto es la manifestación de una contrapeso en acción. Los redactores de la Constitución americana dispusieron aposta el Senado en oposición al Congreso, para favorecer la parálisis legislativa, porque sabían que lo prioritario es limitar la acción de gobierno. Sin embargo nosotros padecemos idealismo legislativo: creemos que nuestra felicidad depende de que se gobierne bien. Lo curioso es que eso no nos ha librado de tener un Senado muy costoso pero que no sirve más que para pagar primas de jubilación encubiertas.

-¿La democracia está en peligro?

-Las democracias pueden degenerar y pueden derivar hacia regímenes autoritarios a través de procesos electorales. La historia está llena de ejemplos. En España, no estamos vacunados contra ese riesgo. Lo vimos claramente con el procés en Cataluña, pues el régimen político con que se dotaba la República Catalana era autoritario, sin separación de poderes. Desde 2018, y sobre todo en los últimos años, ese procés se ha extendido en la práctica a toda España. Asistimos a un intento de mutación constitucional protagonizado por un Tribunal Constitucional que se ha extralimitado a menudo y parece inclinado a seguir haciéndolo. Además, el Ejecutivo lleva toda la legislatura gobernando sin presupuestos, que son la herramienta esencial para el control parlamentario del sector público.

-¿Hay espacio para una apelación ética?

-Soy escéptico con las apelaciones morales en sociedades tan complejas y diversas como las actuales. No podemos organizar un sistema político presuponiendo virtud. Hay que diseñarlo presuponiendo fallos, egoísmos, malas conductas. Si luego hay gobernantes virtuosos, estupendo.

Una consecuencia es que me parezca un error pensar que los problemas se resuelven cambiando de gobernantes. Si no se diseñan instituciones a prueba de malas voluntades, el resultado será siempre decepcionante.

-¿Hasta qué punto cree que el ciudadano medio es consciente de su influencia real?

-Muy poco. Existe una tendencia a pensar que el voto es simbólico, que no cambia nada, lo cual es verdad para cada voto individual. Pero cuidado, a veces da la impresión que lo que molesta a mucho votante es que no le dejen imponer su voluntad. Como si quisiera que solo contase su voto.

El hecho es que, cuando se analizan encuestas comparadas y se comparan con las políticas efectivas, como hago en el libro, se observa una correlación bastante clara entre preferencias ciudadanas, instituciones y políticas públicas. El problema no es que los políticos nos obedezcan poco. Al contrario: siguen nuestros deseos. El problema es que cuando nos dan las consecuencias reales de lo que les pedimos no nos gustan y no las reconocemos. En el fondo, no sabíamos cuáles eran, y a posteriori nos desentendemos: “no era eso”, que decía Ortega. Es incómodo de reconocer, porque nos obliga a asumir responsabilidad.

-Ha sido crítico con la idea de que la transparencia, por sí sola, soluciona los problemas.

-Porque la transparencia mal entendida puede ser contraproducente. A veces se confunde transparencia con acumulación de datos. Los datos solo son útiles si alguien puede interpretarlos. Por eso, interesa tanto a los científicos sociales, que viven de procesarlos. Además, ciertas políticas de transparencia introducen barreras de entrada muy fuertes en la política. Por ejemplo: la obligación de hacer pública toda la información patrimonial impone un coste considerable a quien entra en política. Especialmente si viene de actividades empresariales en el sector privado. Nuestra política está organizada a la medida de funcionarios medios y bajos.

-¿Los populismos han tocado techo en España?

-Depende de cómo definamos populismo... Muchas de las políticas que se están aplicando desde hace años son claramente populistas: congelación de alquileres, prohibición de desahucios, subidas muy fuertes de prestaciones sin financiación clara, aumentos del salario mínimo que expulsan a gente del mercado laboral...

-Comparado con América Latina, ¿la situación es distinta?

-Sí, en el sentido de que en varios países latinoamericanos se está produciendo una reacción clara contra el populismo. En algunos casos con resultados inciertos, pero hay un cansancio evidente. España todavía no ha llegado tan lejos, pero algunas dinámicas son preocupantemente similares. En las últimas décadas, el populismo expulsó hispanoamericanos hacia España. No descarto que en las próximas vuelva a invertirse la dirección de estos flujos migratorios.

-¿Cuál es el antídoto contra los populismos?

-No hay antídotos simples, pero sí hay condiciones que reducen el riesgo. Una de ellas es que el votante entienda mejor los costes reales de las políticas. Otra es reforzar contrapesos efectivos, no simbólicos. Y otra es abandonar la idea de que la solución es moralizar la política.

-¿Hay hueco en la política para las emociones?

-Las emociones son inevitables y ambivalentes. Pueden llevarnos a decisiones muy malas asociadas por ejemplo al xenofobia y el comportamiento de rebaño, pero también pueden empujarnos a actuar cuando la racionalidad pura se queda corta. En las ciencias cognitivas de base evolutiva, hablan de que las heurísticas instintivas son “mejor que racionales” porque están mejor adaptadas a un cierto entorno. Para operar en la sociedad actual, las instituciones deben domesticar y canalizar esos instintos ancestrales. Un ejemplo de ello sería el que mencionaba antes: sentir emocionalmente la corrupción como que nos han “robado” algo propio puede ayudarnos a superar el tribalismo que nos lleva a proteger a los correligionarios. Pero activar ese sentimiento de expropiación requiere saber que hemos pagado esos recursos.