El sistema de pensiones actual no es viable

Influencers, 19 de marzo de 2026

Benito Arruñada es catedrático en la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado de FEDEA. En su reciente libro La culpa es nuestra, publicado por la Esfera de los Libros, sostiene que muchos males españoles no se explican solo por la torpea o corrupción e las élites, sino por las preferencias incoherentes de las masas: pedimos beneficios visibles y a la vez rechazamos pagar sus costes. Esa mezcla de preferencias, incentivos y autoengaños termina cristalizando en políticas que nos frustran.

1. El precio de la vivienda es actualmente el problema más importante para los españoles, según el CIS: ¿hay solución?

Sí, pero exige elegir y establecer prioridades. Basta observar que nuestras demandas son incompatibles. Por ejemplo, queremos vivir en el centro y a precios asequibles; pero no permitimos construir en altura ni demoler edificios antiguos, y exigimos mantener equipamientos públicos a menudo con un uso mínimo. No es un problema técnico: es un conflicto mal resuelto entre usos alternativos de los inmuebles.

Un factor menos obvio pero igual de importante es que la fiscalidad desanima tanto la construcción de vivienda nueva como el uso eficiente de la usada. Ambas están no solo muy gravadas sino mal gravadas. En obra nueva, a los impuestos se suman cargas implícitas (reservas, exigencias urbanísticas, trámites) que actúan como peajes que pueden situarse por encima de un tercio del valor final. En vivienda usada, entre ITP, AJD, plusvalía municipal y gravámenes sobre ganancias que en buena parte son nominales (inflación), la cuña fiscal puede ser incluso superior y se vuelve disuasoria. También penalizamos el uso eficiente al gravar mucho la transmisión y poco la tenencia (IBI). Con ello, frenamos la movilidad y fomentamos que muchas viviendas permanezcan vacías o infrautilizadas.

2. ¿Hay medidas viables para solucionarlo?

Sí, pero no son “agradables”. Primero, posibilitar que aumente la oferta allí donde hay más demanda: densificar parte del tejido urbano, reconvertir usos (oficinas, locales, edificios infrautilizados) y recortar los derechos de bloqueo a la nueva construcción. No basta con “agilizar trámites” si nadie pierde capacidad de veto.

Segundo, en cuanto a la fiscalidad: bajar el peso de las transmisiones y de los impuestos que pesan en cadena sobre la obra nueva, y dejar de gravar plusvalías puramente nominales. Si se quiere mantener la recaudación, debemos desplazarla hacia la tenencia, elevando un IBI que nos parece muy alto porque es visible pero que en realidad comparado con los que gravan las transmisiones y con los que aplican otros países es muy bajo.

Por último, debemos liberalizar el mercado de alquiler, volviendo al espíritu del Decreto Boyer, de 1985. En eso fallan también las preferencias, por miopía y autointerés. Al proteger al inquilino actual recortando la libertad contractual, hemos expulsado la oferta y subido los filtro: el propietario o sube precios, o se refugia en alquiler temporal, o se vuelve muy selectivo, o, simplemente, abandona el mercado. Al final, los que más pierden son los jóvenes y los vulnerables, que no pueden alquilar o han de pagar precios más altos.

3. En ese sentido, desde el Gobierno se ha intentado mover ficha: ¿qué opinión le merecen esas nuevas medidas decretadas?

Solo veo ineficacia y efectos perversos. Ineficacia porque muchas medidas se anuncian sin presupuesto real —por ejemplo, parque público de alquiler— o con horizontes que sirven para titulares, no para una transformación real.

Y efectos perversos porque las restricciones contractuales al alquiler (topes a las rentas, duraciones y prórrogas obligatorias, frenos a actualización, más fricción para recuperar la vivienda, tolerancia de la okupación). Eso beneficia al inquilino con contrato hoy, pero castiga al inquilino potencial del futuro, aunque en la actualidad no se entere y por tanto a menudo no sepa votar en consonancia con sus propios intereses. El truco político es clásico: se entregan beneficios concentrados y visibles mientras que los costes se dispersan y son menos visibles.

El resultado se repite: se reduce el mercado, hay menos oferta, más informalidad, más alquiler temporal y más discriminación en la selección. Una política que se vende como “protección” acaba cerrando la puerta a quien más la necesita.

4. La grave situación del sistema ferroviario —y otros servicios públicos— sugiere que las cuentas no dan más de sí. ¿Se puede revertir? ¿Qué hacer?

Se puede, pero hay que aceptar la lección: premiamos el gasto visible y castigamos el invisible. Invertir se anuncia; conservar no. Y reponer activos es aún menos rentable políticamente, porque no mejora el servicio: solo evita que empeore. Ese sesgo explica buena parte del deterioro.

En el caso ferroviario, debemos apurar las responsabilidades de los actuales gobernantes, pero no basta con eso, pues todos compartimos parte de responsabilidad. Es preciso cambiar el orden de prioridades: frenar la inercia expansiva, asegurar reposición y mantenimiento, y revisar estándares técnicos. Mantener velocidades máximas elevadas no es un fin en sí mismo, pues la demanda real no parece dispuesta a pagar el coste real que requiere.

Además, los datos comparados son duros: en 2018–2022 España destinó por kilómetro mucho menos a mantenimiento y renovación que la media europea, pese a tener mayor proporción de líneas de alta velocidad, que requieren un mantenimiento más costoso.

Eso termina pasando factura: o pagamos el nivel de servicio que exigimos, o lo ajustamos explícitamente. Si no, el ajuste llegará solo y de manera desordenada, en forma de retrasos, averías e incluso mayor riesgo de accidentes.

5. En este contexto, además, hay que subir el gasto en defensa: ¿hay margen?

Margen “fácil”, no. Si gastamos más en defensa, o recaudamos más impuestos o recortamos otros gastos, o nos endeudamos. El problema es que ese endeudamiento adicional tan solo aplaza el aumento de impuestos. Y subir los impuestos tiene límite: una fiscalidad muy agresiva termina desanimando inversión y producción. Eso reduce las bases imponibles y nos deja peor.

Tampoco debemos cegarnos con subterfugios que en este terreno exhiben cierta simetría. Desde la izquierda, se quiere creer que el déficit público se resuelve eliminando el fraude fiscal y desde la derecha que basta con recortar el gasto superfluo. Fraude y gasto superfluo existen y deben tratarse. Pero no nos engañemos. Frente al de las pensiones y sueldos públicos, sus magnitudes son pequeñas. Aunque los redujeras mucho, tarea harto difícil, no resuelves el núcleo del problema.

La discusión real es otra: qué Estado social queremos, qué priorizamos y qué renuncias aceptamos. Lo demás, es retórica.

6. ¿Nuestro sistema de pensiones es realmente sostenible?

No, tal como está. Nuestras pensiones son de hecho muy generosas respecto a lo que aportamos durante la vida laboral, y además tenemos una demografía adversa. El sistema promete mucho más de lo que puede financiar con la relación actual y futura entre cotizantes y pensionistas. Además, hemos blindado las pensiones como gasto “intocable”, y desplazamos el ajuste a deuda, inflación o deterioro de otros servicios. Todo ello agrava la desigualdad generacional.

Parte del ajuste se ha diferido con deuda pero esa salida tiene los días contados. La salida exige ampliar la edad efectiva de jubilación, establecer una relación más estrecha entre aportaciones y prestación, y facilitar el ahorro complementario. Cuanto más tardemos en adoptarlos, más dolorosos serán los ajustes.

7. La inmigración está llamada a solucionar parte de esos problemas, o eso se repite. ¿Es realmente una solución o España tiene un problema con ella?

La inmigración atenúa el golpe del déficit demográfico, pero no es una varita mágica. Aporta población en edades de trabajo y, por tanto, amortigua el impacto de la crisis demográfica que padecemos. Ahora bien, también genera retos: integración, presión sobre servicios locales, tensiones de convivencia, y efectos distributivos entre grupos.

Respecto a las pensiones, es un paliativo a corto plazo, pero no una solución estructural. Los inmigrantes en situación regular trabajan, cotizan y ayudan así a financiar las pensiones actuales. Pero sin aumentar mucho la productividad, las pensiones que les prometemos no podremos pagarlas. El problema se aplaza, no se resuelve. Pero ese es un problema del sistema de pensiones, no de la inmigración.

La inmigración ayudaría más si fuera acompañada de aumentos de productividad, pero la evolución de esta no es prometedora, quizá porque el sistema fiscal promociona más el consumo y sectores asociados a él, que la inversión y las actividades productivas de alto valor añadido.

Por lo demás, el de la inmigración no es solo ni fundamentalmente un problema económico; también lo es político y de identidad. Si se gestiona mal, alimenta conflicto y desconfianza, y eso destruye la cooperación y daña la convivencia. Y no está claro que sepamos gestionarla ni que estemos de acuerdo sobre cómo hacerlo.

8. ¿La llegada récord de inmigrantes está generando beneficios o pérdidas en el bienestar del país?

La inmigración ha sostenido el crecimiento de los totales de PIB y empleo, pero con baja productividad, lo que explica el estancamiento de los ingresos por habitante y, por tanto, del bienestar, así como la pérdida relativa de posiciones de España respecto al resto de Europa.

Luego están los efectos políticos y convivenciales. Cuando falla la integración, se fragmenta la sociedad y aparecen el conflicto. Además, los costes y beneficios no se reparten por igual. Quien compite en empleos de baja cualificación siente más presión. Favorece también el encarecimiento de la vivienda y la mayor demanda que pesa sobre las infraestructuras. Por otro lado, se benefician quienes contratan servicios intensivos en trabajo, no solo empresarios sino también particulares respecto a, por ejemplo, el servicio doméstico y la atención de personas mayores.

Por fortuna, España tiene una ventaja comparativa: una parte muy grande de la inmigración es latinoamericana, con lengua y códigos culturales más próximos, lo que reduce fricción de integración. Se echa de menos una estrategia coherente en toda esta materia. Estamos permitiendo un desarrollo por completo incontrolado del fenómeno, sin intentar encauzarlo.

9. ¿Qué podemos esperar en 2026 acerca de las tensiones geopolíticas de los últimos meses?

Sería inapropiado pontificar sobre un asunto que no domino. Si acaso, una observación general: la geopolítica castiga la misma ilusión que castiga la economía doméstica, creer que se puede tener seguridad sin pagar su coste. Pero sobre escenarios concretos, no sería serio por mi parte.

10. Si Benito Arruñada fuera nombrado presidente de España mañana: ¿qué tres medidas económicas tomaría inmediatamente?

Uno: cambiar la estructura fiscal, no tanto el volumen. Gravar más consumo y menos producción: menos castigo al trabajo, al ahorro y a la inversión; suavizar la progresividad efectiva donde hoy muerde en rentas relativamente bajas; y en vivienda, gravar más tenencia y menos transmisiones, eliminando plusvalías puramente nominales.

Dos: desbloquear mercados donde la política ha estrangulado oferta: trabajo y alquiler. Sin movilidad laboral y residencial, no hay crecimiento ni bienestar.

Tres: transparencia fiscal radical. Que el ciudadano vea cuánto paga y por qué. Menos retenciones opacas; cargas sociales visibles para el trabajador; y libertad para que se publiquen precios con y sin impuestos. Si queremos democracia adulta, hay que acabar con el “impuesto anestésico”.