El peligroso intervencionismo del Gobierno en la Economía
El Economista, 15 de mayo de 2023, p. 11
La pandemia y la invasión de Ucrania justificaron numerosas intervenciones estatales para suavizar sus daños. Superada la emergencia, lejos de desactivar esas medidas excepcionales, el Gobierno de España ha emprendido una estrategia peligrosa para la estabilidad de las instituciones en las que se asienta la actividad económica.
Por un lado, ha prorrogado numerosas medidas que había adoptado con carácter transitorio. Selectivamente, ha suprimido las que comportaban gasto presupuestario, como los ERTE o los créditos ICO; pero ha mantenido las que impuso a los particulares para que éstos suplieran las carencias de la asistencia pública, como son las relativas a desahucios o alquileres.
Por otro lado, el Gobierno ha adoptado toda una batería de nuevas medidas. Inicialmente, se centró en las grandes empresas. Ya el pasado verano, en el Debate sobre el Estado de la Nación, el Presidente del Gobierno anunció un impuesto extraordinario sobre los ingresos —que no los beneficios, en contra de Bruselas— de bancos y energéticas, impuesto que ya han pagado, pese a haberlo recurrido por su dudosa legalidad.
Días antes, había entrado en vigor la “excepción ibérica” para controlar el precio de la luz, subvencionando temporalmente el gas a costa de encarecerlo en el futuro. Desde 2024, habremos de pagar unos 7.000 millones adicionales, 375 euros por familia. Según NERA, este remedio, que sólo aplaza el dolor, provoca que sólo en 2022 hayamos subvencionado con 1.912 millones el gas de franceses, marroquíes y, sobre todo, portugueses.
En este mismo sector, el Gobierno insiste en convertir al Estado en el principal vendedor de electricidad. Fijaría el precio a algunas instalaciones y favorecería la contratación a plazo en subastas reguladas. Este dirigismo supondría una regresión histórica, opuesta a la filosofía europea, basada en la libre competencia dentro de unas reglas uniformes para toda la Unión, sin esquemas nacionales a la carta.
En los últimos meses, con la proximidad de las elecciones, Moncloa ha exacerbado el intervencionismo. Empezó con ataques personales a nuestros mejores empresarios y alcanzó un zénit cuando intentó impedir el traslado de la sede social de Ferrovial a los Países Bajos. Es ésta una operación no sólo legítima, en busca de un mejor entorno empresarial, sino acorde con los ideales de la UE. Pero, en vez de aprovechar la señal para investigar por qué las instituciones españolas son inferiores a las neerlandesas, el Gobierno intentó cargarse al mensajero.
Las grandes empresas no son las únicas víctimas; sino que todo el sector privado sufre un intervencionismo creciente.
Piense en el enorme impuesto implícito que supone la inflación, o en el aumento explícito de los impuestos al trabajo, vía mayores cargas sociales a autónomos y asalariados. Aumento que sólo mantiene un año más la ficción de las pensiones: a juicio de FEDEA, mantenerlas a esos niveles a largo plazo exigiría sacrificar todos los demás servicios públicos. En puridad, de no recortarlas, ya debería activarse su “cláusula de salvaguardia”, volviendo a subir las cotizaciones entre tres y cuatro puntos porcentuales.
O recuerde la creación del “observatorio de márgenes empresariales”, como si la culpa de la inflación fuera de las empresas, y no de la expansión monetaria y ese ingente gasto público al que no poco contribuyen semejantes observatorios.
Por no hablar de la marcha atrás que ha experimentado la regulación laboral, razón primordial de que el aumento del empleo se haya concentrado en el sector público.
O de la multiplicación de la burocracia que sufren las empresas, ahora obligadas a adquirir nuevos servicios de compliance formal cuya eficacia real es bien dudosa.
El último acto es la Ley de vivienda, aparcada durante toda la legislatura pero que el Gobierno se apresura a promulgar antes de las municipales. Además de limitar la actualización de rentas, extender el derecho de prórroga del inquilino, dificultar los desahucios y facilitar las ocupaciones, permitirá a los ayuntamientos limitar los alquileres en zonas “tensionadas”. Son aquellas donde suban los precios debido a una escasez de vivienda en alquiler que las medidas previas del Gobierno, como la congelación de rentas, han contribuido a provocar.
Pero observe la asimetría: todo este intervencionismo aumenta en el sector privado a la vez que el Gobierno destruye los mecanismos de rendición de cuentas del sector público, al aliviar las penas por malversación, funcionarizar miles de interinos, copar el Tribunal Constitucional y convertir el decreto-ley en el iter legis habitual sin existir urgencia alguna.
En este contexto, nace el Foro Mercado Libre, con la intención de defender el estado de derecho y la economía de mercado desde la firme convicción de que la propiedad privada y el mercado libre son los dos pilares imprescindibles para una sociedad libre, abierta y verdaderamente democrática.