El PP ante la última oportunidad para España

The Objective, 20 de octubre 2024

Gracias a las publicaciones de medios independientes, como The Objective, el Gobierno se tambalea como un boxeador sonado. La oposición debería darle el golpe de gracia, pero sus acciones, amén de sorprender a sus votantes, fortalecen e incluso legitiman algunas de las políticas gubernamentales.

De entrada, la torpeza de los dos principales partidos les impide unirse contra el pacto de la izquierda con los separatistas. Se oponen a él la mayoría de los españoles, pero, al parecer, los líderes del PP y Vox no ven prioritario confrontarlo unidos. Con frecuencia, sólo son eficaces en anularse mutuamente.

Sus acciones no ilusionan y a veces escandalizan, como al votar sin querer por la excarcelación de etarras. Sin querer pero sin propósito de enmienda, pues ninguno de ellos ha tomado medidas, ya no para castigar a los responsables del supuesto error sino para evitar que se repita. Esa tolerancia no muestra gran respeto al ciudadano ni confirma que su capacidad de gestión sea real.

Ambos partidos también insisten en encargar a periodistas y jueces la labor de oposición. Chirría que recurran tanto a la Justicia, sobre todo a la vista de cómo acabó alguno de los precedentes, como el intento de escudarse en los jueces para procrastinar sobre el procés.

Difieren, en cambio, en que, al menos este otoño, el PP está siendo más activo con sus iniciativas. Claro que, en ausencia de buenas ideas, el concretar propuestas no deja de entrañar peligros. Para dar batalla en este campo, es preciso tener buena ideas, y propias. De lo contrario, uno puede acabar imitando a sus rivales y confundiendo a su público.

Quizá la novedad de este activismo explica que la propuesta de conciliación haya sido tan rotunda como titubeante. Los méritos de enfatizar la conciliación mediante reglas imperativas en el país con más paro de Europa y cuando sufre una aguda crisis de absentismo, son discutibles. Lo mismo que recargar con deberes a las empresas de más de 50 trabajadores cuando ya son muchas las que evitan traspasar ese tamaño, con consecuencias penosas para la productividad y el crecimiento. Pero, con independencia de esos méritos, la aparente marcha atrás en cuanto a la jornada de cuatro días ha dado imagen de improvisación. Para gran parte de la opinión pública una iniciativa contraria a la libre empresa ha acabado confirmando al PP como el partido de la patronal a la vez que legitimaba las políticas del ala más radical del Gobierno. Nada nuevo. Ocurrió igual en 2023 antes y después del 23J con la contradictoria actitud hacia Vox —tan pacata en los gestos como pactista en los hechos— y con el insólito diálogo con Junts; o este mismo verano, con los silencios y sobreentendidos respecto al concierto catalán.

En el caso de la vivienda, la propuesta del PP incluye la habitual mezcla de buenos deseos, caramelos fiscales y liberalizaciones homeopáticas, de efectividad dudosa y en el fondo continuistas. Promete modificar “la ley del suelo para… reducir plazos de construcción”, pero no dice cómo y no parece que vaya a eliminar derechos de bloqueo. También reparte variedad de ayudas, avales y bonificaciones fiscales para alquiler y compra, pero sin explicar cómo los financiaría, reduciendo qué gastos o subiendo qué impuestos; ni cómo evitaría que, dada la rigidez de la oferta a corto plazo, esa pedrea fiscal no conlleve subidas de precios. Tampoco podía faltar la trampa sociocomunista del parque público de alquiler, sin asegurar antes el cobro de las rentas ni evitar que acabe consagrando nuevos guetos. Es ilustrativo, por último, que jueguen a reducir el ingreso máximo para alegar vulnerabilidad, lo que vendría a legalizar la “inquiocupación” por debajo del nuevo tope. Los vulnerables potenciales lo tendrían así aún más difícil para encontrar propietarios dispuestos a correr el riesgo de alquilarles un piso.

La escasez de vivienda no se resuelve repartiendo golosinas. Y los votantes tampoco creemos en trucos de magia. No insistan en alcanzar un “gran Pacto Nacional… donde participen Gobierno, autonomías y entidades locales”. La virtud no reside en promediar el error y el acierto. La política de vivienda, con sus impuestos excesivos, sus reglas contractuales absurdas y la progresiva inseguridad jurídica de la propiedad lleva décadas provocando una escasez y carestía crecientes. Hemos de invertir su rumbo, y ese giro es incompatible con el pacto. No es posible conciliar el intervencionismo socialista con una visión alternativa que, por cierto, el PP nunca ha querido formular. Suavizar el intervencionismo socialista con gasto público y unas gotas de sentido común sólo produciría una componenda al nivel de la ley de arrendamientos de 2013 —una ley un-poquito-menos-socialista—, cuya ineficacia sólo sirvió para desprestigiar sus escasos elementos liberalizadores.

Tarde o temprano, el PP volverá al poder. Pero, de seguir instalado en el seguidismo de la parte menos dinámica de la opinión pública, tarde o temprano, como sucedió en 2000 y 2011, volverá a desperdiciar otra oportunidad, que sería ya la tercera, para cambiar el curso de nuestra triste historia. Sólo que esta vez, con nuestro nivel de vida perdiendo posiciones europeas desde 2001, el estado de bienestar al descubierto y las instituciones en caída libre, es posible que ya no tengamos una cuarta oportunidad. Al menos no sin sufrir antes un deterioro mucho más traumático, y, que dadas las viejas y nuevas quiebras de nuestra fábrica social, bien pudiera poner en peligro la convivencia.