Cataluña como trampa rentista
The Objective, 29 de septiembre de 2024
Algunos aún creen que si la Generalitat catalana cobra por impuesto de transmisiones de vivienda entre el 10 y el 11 %, en vez del 6 % de la Comunidad de Madrid; y por IRPF desde el 21,5 % hasta el 48 %, en vez del 18,5 % al 43,5 % de Madrid, ello se debe a que a Madrid le regala los recursos el Estado.
Los estudios de FEDEA demuestran que ese regalo es un mito: ambas comunidades solían estar financiadas a niveles similares, acordes a su niveles de renta. Si acaso, aumenta la ventaja de Cataluña, por la doble vía del endeudamiento autonómico y el déficit del sistema de pensiones. Este último, que sólo presenta superávit en Madrid y Baleares, se estima que para Cataluña supera los 5.000 millones anuales, unos 603,15 euros por habitante, cifra sustancial, aunque lejana a los 1.929,76 euros de cada residente en el País Vasco.
La verdadera razón del infierno fiscal catalán es muy otra. La Generalitat necesita cobrar esos impuestos tan altos porque su proyecto de “construcción nacional” se ha materializado en un gigantesco aparato burocrático, que paga generosas rentas a sus servidores, en términos tanto de mayores salarios como, aparentemente, menor esfuerzo.
A falta de un análisis exhaustivo, ilustra este imperio de bolsillo la red de “Acción exterior” de la Generalitat, que incluye 21 miniembajadas para “poner al país al servicio de la comunidad internacional y responder a los retos globales”; la mini NASA a la que en plena pandemia asignaron 18 millones de euros; la megacadena de televisión que con 2.200 empleados sobrerretribuidos tiene un tamaño similar al total de las televisiones madrileña, vasca y andaluza juntas; o con el hecho de que Cataluña se haya dotado de 368 altos cargos, más del doble que Madrid, y mucho mejor pagados; o que cuente con 205 entes públicos por los 83 de Madrid.
Los indicios de sobrerretribución también abundan fuera de TV3. Empezando por los sueldos del propio presidente de la Generalidad y de sus consejeros: cualquiera de estos últimos gana más que los presidentes de otras comunidades, algunos de los cuales (Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, Valencia) cobran menos que un director general de la Generalitat. Pero no sólo cobran más los altos cargos: hasta los abogados del turno de oficio reciben 25 euros más cada vez que actúan en catalán, a un coste total anual de 350.578 euros. Además, los sobrecostes no son exclusivos de la Generalitat: en 2024, el Ayuntamiento de Barcelona prevé gastar por habitante 2.293,19 euros, un 30,87 % más que el de Madrid. Amén de cobrar un 2,71 % más de impuestos por habitante, percibirá más transferencias del Estado: 975,04€ por cada barcelonés, mientras que cada madrileño habrá de conformarse con 630,51€. Al parecer, entiende el Estado que, como Madrid tiene mayor capacidad fiscal, necesita menos recursos.
Con estas diferencias retributivas y de gasto, bajo una hipótesis benevolente, deberíamos esperar que Generalitat y Ayuntamiento reclutasen mejor personal, que éste fuera más productivo y que proporcionase mejores servicios. Pero, por el contrario, numerosos indicadores apuntan a que su eficacia en la prestación de los servicios es menor, lo que, como mínimo, siembra dudas sobre su adecuación y productividad.
Esta baja eficacia apoya, en cambio, una hipótesis de captura de rentas, según la cual esos altos cargos y empleados estarían disfrutando un privilegio doble: no sólo cobrarían de más sino que, por su menor idoneidad y eficacia, producirían de menos. Y, en efecto, en servicios relativamente comparables, como son la sanidad, la enseñanza o la policía, abundan los indicios compatibles con esa menor productividad.
La sanidad pública de Cataluña, pese a gastar más dinero por habitante, tiene, según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud, listas de espera más largas que la madrileña o la valenciana. Ciertamente, el tiempo de espera es solo un indicador entre muchos posibles; pero tiene la ventaja de que, siendo la asistencia gratuita, constituye el “precio sombra” fundamental para el usuario. De igual modo, para el proveedor es el dato esencial a la hora de racionar los recursos.
En la misma línea, según los resultados de las pruebas PISA de la OECD, pese a que Cataluña gasta más dinero por alumno de centros públicos, sus niños muestran competencias en lectura, ciencias y matemáticas inferiores, no sólo a los valencianos y madrileños sino a los promedios españoles, y ello pese a que la renta media de Cataluña es superior. La situación que refleja el informe es ya patológica, empeora en el tiempo y presenta algunos indicadores tan alarmantes como un ínfimo “sentido de pertenencia” de los niños hacia la escuela. Este indicador, que mide la inclusión y aceptación de los niños en el entorno escolar, es en Cataluña un 0,07, la cifra más baja de España, muy lejos del 0,35 en Madrid y el 0,28 de Valencia. Coherentemente, pese a que las tasas de repetición de curso son alrededor de un tercio de la media española, el abandono escolar temprano (medido como la proporción de quienes abandonan los estudios sin conseguir la segunda etapa de formación secundaria que se considera socialmente deseable) es en Cataluña del 14,8 %, superior a la media nacional del 13,7 %. Da toda la impresión de que los niños a quienes en primaria y ESO han pasado de curso sin haberlos formado son los mismos que, al terminar la secundaria obligatoria, no pueden seguir estudiando.
Por último, dada la relativa homogeneidad de sus tareas, es ilustrativo comparar efectivos, sueldos y rendimiento de la policía. Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, pese a contar con más policías por habitante y pese a pagarles sueldos más altos, la eficacia aparente de la policía autonómica catalana es también inferior a la que exhiben la Policía Nacional y la Guardia Civil en Madrid y Valencia; y ello a pesar de que estos cuerpos nacionales dedican parte de sus recursos a prestar servicios en Cataluña.
Ciertamente, se trata de indicadores parciales, que miden tan sólo algunos factores de coste y servicio; pero no dejan de ser reveladores, al proceder de campos tan variados y compararlos con referencias de características similares. Además, la valoración negativa que proporcionan coincide con las percepciones globales de los ciudadanos. Según el estudio sobre la calidad de gobierno del Quality of Governance Institute de la Universidad de Gotemburgo, los catalanes no tenemos buena opinión de la calidad de nuestro gobierno: le damos una puntuación normalizada (i.e., media cero y desviación típica uno) de -0,232 que lo sitúa muy por debajo del de la Comunidad de Madrid (0,339) y del promedio de las demás comunidades autónomas (-0,141). Además, la puntuación del gobierno catalán ha empeorado desde 2013 y sobre todo 2017.
La lección es clara; pero los catalanes no debemos esperar más que continuismo: el concierto captaría más rentas del exterior, pero sin reducir la captación interna. El mismo Salvador Illa que alcanzó el poder gracias a la promesa del concierto susurraba hace unos días que “No nos darán lecciones quienes bajan impuestos”. Sabe bien de qué habla, y cuál es su función. La voracidad para capturar rentas de la casta gobernante que él dirige no tiene límite, ni fuera de Cataluña… ni dentro de ella.